Crisis en Chile. Foto: AFP
Cincuenta días después del inicio del peor estallido social en Chile en tres décadas, en medio de críticas de la CIDH por el excesivo uso de la fuerza de la Policía, miles de personas se congregaron nuevamente para protestar en contra del Gobierno de Sebastián Piñera.
La toma de estaciones de metro en Santiago por parte de estudiantes que protestaban por el alza de la tarifa del pasaje, dio inicio el 18 de octubre a la crisis social que deja 23 muertos y miles de heridos, así como una caída de 3,4% en la actividad económica de octubre.
Y este viernes, como todos los viernes desde que comenzó la convulsión, miles de personas se reunieron en plaza Italia, epicentro de las protestas en la capital.
Con gritos, pancartas, banderas chilenas y de equipos de fútbol, los manifestantes bailaron al ritmo de tambores y trompetas, transformando el mitin en una fiesta alegre y pacífica.
Una enorme bandera chilena con un dibujo de un ojo cerrado recorrió la plaza como símbolo de las casi 300 personas que han sufrido graves lesiones oculares –dos de ellas quedaron totalmente ciegas- durante protestas en las que la Policía utilizó balines y perdigones.
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En los alrededores de la plaza, encapuchados armados con piedras, bombas molotov y escudos elaborados por ellos conforman ‘la primera línea’ entre los manifestantes y la Policía para evitar que la protesta sea disuelta. Los agentes de seguridad utilizan gases lacrimógenos y carros lanza agua para dispersarlos.
Una antigua casona patrimonial del siglo XIX, sede de la Universidad Pedro de Valdivia que había sido saqueada y quemada el 8 de noviembre, volvió a ser siniestrada por manifestantes. Una torre de la casa fue abrasada por las llamas, que se elevaron varios metros, pero los bomberos apagar rápidamente el fuego salvando gran parte de la estructura, informó la Policía.
Centenares de personas acudieron a la protesta marchando por la Alameda, la principal arteria de la capital, donde gritaron consignas contra el presidente Sebastián Piñera cuando pasaban frente al palacio presidencial de La Moneda, fuertemente custodiado por la Policía.
Llegada la noche, los manifestantes armaron barricadas que encendieron en algunas calles alrededor de Plaza Italia y se enfrentaron a los agentes antidisturbios. Las protestas se extendieron a otras comunas de Santiago y otras ciudades como Valparaíso, puerto del litoral central, y Concepción, la principal urbe del sur del país.
– “Excesiva fuerza” –
La economía se ha visto seriamente afectada por la crisis social. La economía cayó 3,4% en octubre y unas 15.000 medianas y pequeñas empresas (Mypimes) se han visto afectadas por los saqueos e incendios registrados en el comercio, lo que ha puesto en riesgo 75.000 empleos, según el gobierno, que anunció un plan de reactivación económica y protección del empleo por 5.500 millones de dólares.
Por otra parte, diversas organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, visitaron el país ante decenas de denuncias de excesos por parte de los agentes de seguridad del estado.
Los militares salieron a las calles durante los primeros nueve días del estallido luego de que el presidente Piñera decretara el estado de emergencia. Cuatro de las 23 víctimas murieron a manos de agentes de las fuerzas armadas.
Los organismos humanitarios coinciden en que la Policía ha utilizado fuerza excesiva contra los manifestantes, pero también en el uso de gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios.
Pese a que la Policía se comprometió hace dos semanas a no usar más balines ni perdigones, la Cruz Roja chilena afirmó que continuó atendiendo heridos por este armamento no letal durante las protestas.
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“La CIDH expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones”, indicó un comunicado de esta institución de la OEA.
Tras conocido el informe, el gobierno respondió a través de un comunicado del Ministerio de Justicia que “se trata de situaciones que lamentamos profundamente, pues nuestro compromiso ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todas las personas”.
Las fuerzas de seguridad son investigadas por más de 2.000 casos de violaciones a los derechos humanos, informó la Fiscalía.
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