El gobierno boliviano espera que Argentina, que recibió este jueves al expresidente Evo Morales como asilado y dará estatus de refugiado, cumpla rigurosamente las normas internacionales sobre esas condiciones diplomáticas para hacer política.
“Esperamos que la Argentina cumpla rigurosamente con esos principios y esas normas del derecho de asilo y el derecho de refugio, y no ocurra lo que ocurrió en México que tenía un micrófono abierto, una palestra abierta para hacer política”, afirmó Karen Longaric, canciller boliviana.
La jefa de la diplomacia boliviana hizo estos comentarios luego del arribo a Buenos Aires de Morales, quien dimitió el pasado 10 de noviembre tras una fuerte convulsión social en elecciones consideradas irregulares por la OEA.
El nuevo canciller argentino, Felipe Solá, dijo que el exjefe de Estado boliviano llegó “para quedarse en la Argentina”, donde ingresó en condición de asilado “y después pasará a tener la de refugiado”.
La Paz presagia relaciones “muy difíciles” con el nuevo gobierno instalado en la Casa Rosada, que no invitó a la mandataria derechista boliviana Jeanine Áñez a la investidura del presidente Alberto Fernández el martes, por considerar que su gobierno emerge de un golpe de Estado.
Longaric señaló que en cualquiera de los dos casos, asilado o refugiado, el exgobernante no puede realizar actividad política pública, como hizo en México, realizando declaraciones a la prensa, ofreciendo conferencias a los medios o difundiendo opiniones por Twitter.
“Él no puede pronunciar ninguna manifestación de carácter político, está inhibido de ello y menos de hacer actos políticos que debiliten o desestabilicen al gobierno boliviano”, señaló la canciller.
La presencia de Morales en México, desde el 12 de noviembre hasta el 6 de diciembre, provocó ásperos intercambios entre autoridades de ese país y el gobierno interino boliviano.
La Paz reclamó por la actividad pública de Morales, e incluso se quejó de establecer desde allí contactos telefónicos con sus seguidores para supuestamente instruirles en el corte de vías con el fin de impedir el ingreso de alimentos a las ciudades. Por esto último, incluso, el gobierno denunció a Morales ante la justicia por los delitos de sedición y terrorismo.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró también a principios de diciembre que Morales fue víctima de un golpe de Estado, luego de que militares y policías le retiraran su apoyo y le sugirieran renunciar en medio de una fuerte crisis social.
