La procuraduría de investigaciones administativas de Argentina– PIA- abrió una investigación para determinar las responsabilidades sobre la participación del ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, en la investidura presidencial de Alberto Fernández en diciembre de 2019.
De acuerdo al diario argentino, El Cronista, la PIA busca determinar cómo fue que se le permitió entrar al país a Rodríguez Gómez, “sobre quien pesa una restricción de ingreso que el Gobierno, por entonces ejercido por Mauricio Macri, había puesto en vigencia en marzo, y que se había reforzado días antes del traspaso de mando”.
“Venezuela había requerido 1° de diciembre permiso de sobrevuelo del espacio aéreo argentino para tres aeronaves militares, que transportarían diversas figuras para la juramentación. Pero por las sanciones del TIAR retiraron la solicitud”.
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El medio argentino asegura que desde el entorno del exministro del Interior, Rogelio Frigerio, de quien dependía Migraciones, admitieron que se obvió la restricción por una decisión “totalmente política del gobierno entrante”.
“El presidente quería que Rodríguez estuviera presente”.
Añade que en la Casa Rosada, quienes liberaron las invitaciones para el evento no estaban al tanto de la visita del funcionario chavista.
Tampoco intervinieron en el asunto el canciller, Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, ni la vicepresidenta, Cristina Fernández.
Información extraoficial apunta a que se sería el chileno, Marco Enríquez- Ominami, asesor político, el encargado de la decisión.
Jorge Rodríguez, alto representante de Maduro, está incluido desde 2019 en la lista negra de personajes del chavismo aprobada por las naciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca- TIAR.
Los hermanos polémicos
Al caso argentino se le suma el de España, donde se ha generado controversia y un conflicto político entre partidos políticos por la sorpresiva y fugaz presencia de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en la madrugada del 19 de enero.
Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, es una de las 25 personas cercanas a Maduro a las que la Unión Europea sancionó.
La medida representa la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar al espacio Schengen.
La señalan de ser responsable de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
El Partido Popular de España pedirá la comparecencia “urgente” del presidente, Pedro Sánchez, al congreso si se comprueba que conversó telefónicamente con Rodríguez desde el telefóno del ministro del Fomento, José Ábalos.
El diario ABC, reveló que mandatario español supuestamente habló con la funcionaria venezolana, quien les pidió que no recibieran a Juan Guaidó, presidente encargado, durante su viaje a Madrid el 25 de enero.
El ministerio de Asuntos Exteriores desmintió la publicación y la calificó como “falsa información”.
