Este miércoles, Venezuela volvió a protagonizar una sesión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde la alta comisionada Michelle Bachelet dijo que el retorno a una situación de respeto de los derechos y libertades es más importante que nunca, ya que 2020 será un año electoral.
Bachelet presentó ante el foro la actualización del informe sobre la situación en Venezuela, y consideró preocupante que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente -órgano legislativo paralelo controlado por el oficialismo- haya suspendido la inmunidad de otros cuatro diputados.
Las decisiones de esta instancia en contra de los parlamentarios opositores ha provocado el exilio de casi 30 integrantes del poder Legislativo.
Asimismo, insistió en que los protagonistas de la política venezolana deben reanudar las negociaciones para sacar al país de la crisis económica y política en la que está inmerso, y ofreció el apoyo de su organismo con este fin.
Para ello, instó nuevamente a que se libere a los presos políticos, que ya suman casi 400, incluidos algunos militares.
La expresidenta de Chile también denunció que las autoridades venezolanas hagan llamamientos para armar a milicias y la iniciativa ara que se incorpore a miembros de estos grupos a las Fuerzas Armadas.
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En cuanto al incremento del éxodo venezolano, Bachelet sostuvo que, en este contexto, se teme que las restricciones a la entrada de venezolanos impuestas por algunos países de la región, así como las dificultades para la obtención de documentos para viajar, propicien más migración irregular.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llegó el pasado septiembre a un acuerdo con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro que, por primera vez, aceptó una presencia de la ONU en Venezuela, pero que se limita a dos expertos del equipo de Bachelet que pueden desplazarse por todo el país y tienen acceso a los centros de detención.
Bachelet dijo que en las doce semanas que llevan trabajando esos expertos se ha notado cierta apertura y voluntad de colaboración de las autoridades, lo que les permitió visitar nueve prisiones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Servicios Penitenciarios, y entrevistarse de forma confidencial con 70 detenidos.
Sin embargo, indicó que esperan la respuesta a su solicitud para visitar también centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar, lo antes posible.
Está previsto que el acuerdo sea revisado por la Oficina de la alta comisionada y el Gobierno de Venezuela en marzo próximo, lo que será “una oportunidad para discutir sobre el (eventual) establecimiento de una oficina con plenas capacidades”, prometió Bachelet.
“Tenemos el propósito y la disponibilidad de incrementar gradualmente nuestra presencia”, aseguró.
