Un gran escándalo se ha generado en Perú luego de que se conociera que 487 personas, entre los que se encuentra un expresidente, una canciller, la ministra de Salud, entre otros, se vacunaron anticipadamente y en secreto contra el COVID-19 con una vacuna china que luego fue comprada para los trabajadores de la salud.
“Estas personas que formaron parte de nuestro gobierno faltaron a su deber de servidoras públicas”, indicó el presidente de Perú, Francisco Sagasti, al mostrar que estaba “furioso” por la actitud de “muchos funcionarios públicos que se aprovecharon de su posición”.
Sin embargo, un hecho que agrava este denominado caso del “vacunagate” es que se conoció que la ahora exministra de Salud, Pilar Mazzetti, recibió en secreto unas vacunas de “cortesía” de la compañía Sinopharm mientras se evaluaba la idoneidad del biológico.
Así lo reveló Sagasti, quien indicó que tanto Mazzetti, quien dimitió el viernes pasado, como la ex canciller Elizabeth Astete, quien también renunció este sábado, figuran en la lista de las 487 personas que fueron inoculadas con la solución del laboratorio chino bajo criterios de selección arbitrarios.
“Cedí ante la inseguridad y mis miedos”, reconoció Mazzetti en una carta difundida el lunes por la noche tras su renuncia en medio de este escándalo del “vacunagate”.
La revelación de Mazzetti, que era considerada casi una heroína local por su lucha contra el virus, fue la más impactante porque hace unos días había asegurado que se iba inmunizar después de que “todas las personas que trabajan en el sistema estuvieran vacunadas”.
“El capitán es el último que abandona el barco… los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo para esperar nuestro momento correctamente”, indicó Mazzetti el pasado 10 de enero.
En ese sentido, el listado de las 487 personas que fueron vacunadas anticipadamente fue enviado a la Contraloría General de la República, a las comisiones investigadoras en el Ejecutivo y Congreso, así como a la Fiscalía para que inicien las sanciones correspondientes.
Sin embargo, no se conoce aún cuántos de los 487 nombres de la lista presentada por el presidente Sagasti son funcionarios del Ejecutivo.
El escándalo generó frustración en el personal sanitario y salpicó la gestión del exmandatario Martín Vizcarra, quien también se vacunó en secreto cuando era presidente junto a su mujer y su hermano. Vizcarra gobernó hasta noviembre, mes en que fue destituido por presunta corrupción.
Investigación de los vacunados
La primera ministra, Violeta Bermúdez, reiteró que se realizará una “investigación profunda” sobres estos hechos y los resultados serán presentados a una comisión que “investigará, determinará, cómo llegó ese lote, quién decidió que vaya aquí o a allá, a tantos ministerios”.
Los funcionarios que admitan haber sido vacunados dejarán sus cargos en el Ejecutivo, como Astete, Mazzetti y dos viceministros de Salud.
Por su parte, las redes sociales han pedido abrir la investigación a otros políticos y congresistas, muchos de los cuales permanecieron extrañamente silenciosos durante varios días respecto a este tema, o al menos para que expresaran públicamente que no habían sido inoculados.
Es tal la magnitud del escándalo del “vacunagate” que el Congreso terminó aprobando un recurso para pedir a todos sus miembros enviar una declaración jurada de no haber recibido la vacuna, declaración que posteriormente se cotejaría con el listado de personas que recibieron la supuesta vacuna de “cortesía”.
La negociación con China
La excanciller Elizabeth Astete fue la encargada de gestionar en enero la compra de un millón de dosis de la farmacéutica estatal china Sinopharm luego que el país asiático autorizó la comercialización de la vacuna a finales de 2020 tras finalizar los ensayos de fase tres con un 79% de eficacia.
Sinopharm realizó desde septiembre ensayos en fase tres de su vacuna experimental con 12.000 voluntarios en Perú, pero envió otras 3.200 dosis para otorgarlas a los investigadores locales. Fueron estas candidatas a vacunas las que se aplicaron en octubre en secreto el entonces presidente Vizcarra, su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra.
Ver más:¿Qué representan las vacunas del COVID-19 para las farmacéuticas?
La excanciller Astete decidió la compra de un millón de vacunas el 7 de enero —cuyo precio es secreto, por exigencias de la farmacéutica estatal china— y recibió a escondidas la primera dosis de la inoculación el 22 de enero. Luego de la revelación de Vizcarra, ella se animó a confesar y renunciar al cargo.
En una carta difundida en Twitter, la embajada de China en Lima aseguró que no tiene información “de la identidad de los vacunados” y que rechaza términos como “vacunas de cortesía, donaciones o prebendas utilizados por algunos medios de comunicación y las difamaciones a las cooperaciones de vacuna” entre Perú y China.
Indignación del personal de salud
Estos hechos han generado una gran indignación en el personal sanitario que ha sufrido las mayores bajas de su historia por el coronavirus y a quienes durante meses las autoridades no les otorgaron equipos de protección adecuados.
El presidente de la Federación Médica peruana, Godofredo Talavera, aseguró que este escándalo evidencia por qué el gobierno se tardó tanto en comprar las vacunas ya que no “había apuro, ya estaban vacunados”.
“Se aprovechan de sus cargos, se confirma que la prioridad no fueron los colegas de las unidades de cuidados intensivos que enfrentan a la muerte 24 horas seguidas sin alimentarse, ni ir al baño”, indicó Talavera, que desde hace años pide mejores remuneraciones para los médicos.
Otros países de la región, como Brasil o Chile, ya llevan más de un millón de vacunados, mientras que en Perú apenas 68.000 trabajadores sanitarios han sido inoculados.
Recientemente grupos de médicos y enfermeras protestaron en diversos hospitales del país porque, pese a que trabajan en la primera línea contra el virus, no habían sido incluidos en la lista de vacunación.
“Lo mínimo que queremos es nuestra vacuna porque ningún sol hemos recibido del estado. Estamos expuestos a morir y a veces ni almorzamos”. indicó la doctora Herlinda Ruiz durante una protesta frente a un hospital de la capital.
El escándalo ha generado una gran indignación en un país marcado por la desigualdad, donde no hay oxígeno para miles de infectados que agonizan en casa porque los hospitales no tienen espacio para más pacientes.
Además, en el país han muerto 43.703 personas por COVID-19, la mayoría gente sin privilegios, pero también personal de salud como 310 médicos y 125 enfermeras, así como más de 500 policías.
El expresidente Vizcarra se defiende
A la par de las investigaciones que han iniciado el gobierno y el Parlamento sobre esta vacunaciones, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) tras haber revelado que recibió la vacuna en octubre pasado.
La Fiscalía informó que las diligencias preliminares se hacen “por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo”.
Por tal motivo, recibirá “las declaraciones indagatorias” de Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, y del jefe del equipo investigador de los ensayos de Sinopharm en el país, Germán Málaga. Además, del exprimer ministro Walter Martos, la exministra Mazzetti y del excanciller Mario López, “entre otros”.
En medio de este escándalo del “vacunagate”, Vizcarra publicó un video en sus redes sociales en el que se defendió de las acusaciones de haber recibido directamente las dosis de Sinopharm y reiteró su versión de que fue uno de los voluntarios en los ensayos en el país, algo que ha negado la Universidad Peruana Cayetano Heredia a cargo de ese proceso.
“Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental y ellos decidieron también formar parte de este proceso, así fue que el 2 de octubre recibí la primera dosis”, detalló Vizcarra.
El exmandatario pidió disculpas por no haber informado al país sobre este hecho y aseguró que está dispuesto a someterse a las investigaciones iniciadas aunque considera que no ha cometido delito alguno.
