La propuesta de decenas de países para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspenda las protecciones de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 sigue generando controversia.
La iniciativa busca que, al liberar esta protección, algunos laboratorios que tenga la capacidad puedan producir más vacunas y responder a la alta demanda que tiene el mundo en la actualidad, pero la propuesta ha sido rechazada y criticada por algunos países y farmacéuticas.
Lo cierto es que el proyecto está lejos de llegar a un consenso y el Consejo General de la institución se reunirá para debatir la medida que podría solucionar la alta demanda de dosis de vacunas en el mundo, especialmente para países pobres y de ingresos medios.
La propuesta
La iniciativa fue presentada el pasado 2 de octubre por Sudáfrica e India y cuenta con el apoyo de decenas de países en desarrollo y desfavorecidos.
El texto propone acordar una derogación temporal a algunas de las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse de las patentes.
La derogación también implicaría “los diseños y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de las informaciones no divulgadas”, y duraría hasta que se llegue a “una vacunación ampliamente extendida a nivel mundial y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada”.
La OMS destacó que la suspensión de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19 reduciría enormemente el costo de las vacunas y permitiría el flujo libre de medicinas y la transferencia de conocimiento y tecnología alrededor del mundo, beneficiando especialmente a los países en desarrollo y a aquellos de medianos ingresos.
La propuesta de suspender las patentes de las vacunas ha sido públicamente avalada por 90 países pero no tiene el apoyo de varios países, entre los que se encuentran las potencias en donde se vienen fabricando las vacunas.
Los que están a favor
Los países que apoyan la iniciativa, con el respaldo de ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF), consideran que facilitaría el acceso a productos médicos abordables cuando son necesarios en todos los países desfavorecidos.
“Las herramientas y tecnologías médicas contra el COVID-19 deberían ser bienes públicos mundiales, exentos de las barreras impuestas por las patentes”, indicó Sidney Wong, codirector de la campaña de acceso a las medicinas de MSF.
La propuesta también ha sido respaldada simbólicamente por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseguró que sí no se toman este tipo de medidas en tiempos “difíciles” y bajo condiciones sin precedentes “¿entonces cuándo?”.
“Es el momento de usar todas las herramientas que tengamos para poder aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual. Es ahora o nunca”, aseguró Tedros.
Ver más: ¿Cómo funcionan las vacunas desarrolladas para el COVID-19?
De aprobarse, la exención permitiría que las vacunas, tratamientos, pruebas de diagnóstico y otros fármacos contra el COVID-19 puedan empezar a producirse en otros países, a gran escala y precios inferiores pero lo seguro es que la iniciativa no tenga el visto bueno.
“Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años”, indicó Tedros.
Las posturas en contra
El presidente de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA), Thomas Cueni, aseguró que suprimir las patentes o imponer una suspensión “no produciría ni una sola dosis (de la vacuna) de más. Se trata sobre todo de una cuestión de experiencia”.
De esta forma, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza, donde se encuentran las sedes de varios gigantes farmacéuticos, se haN opuesto a la propuesta de suspender las patentes, a los que se han sumado otros países ricos, como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido.
Uno de los argumentos que utilizan para estar en contra de la suspensión de las patentes de las vacunas es el esfuerzo financiero realizado por los laboratorios en el desarrollo de las vacunas. Además, consideran que son los que mejor pueden fabricar las cantidades necesarias.
Sin embargo, estos sectores también han asegurado que las normas actuales en materia de propiedad intelectual prevén la posibilidad de acordar “licencias obligatorias”, previstas específicamente para las situaciones de emergencia.
Precisamente, las reglas de la OMC incluyen la entrega de una “licencia obligatoria” que permita a las autoridades dar a empresas que no sean las titulares de la patente la autorización de fabricar el producto, siempre y cuando se respeten unos procedimientos y condiciones.
Los países favorables a la iniciativa estiman que el proceso para obtener una licencia obligatoria es muy complicado y tiene demasiadas condiciones, ya que cada pedido se tiene que tratar caso caso por caso.
La nueva jefa de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, quiere evitar este escenario y pide utilizar las “flexibilidades” del sistema actual, incitando a recurrir a los acuerdos de “licencia voluntaria” como lo hizo AstraZeneca con el Instituto Serum de India.
Precisamente, la farmacéutica AstraZeneca logró firmar un acuerdo con este instituto para aumentar su producción de la vacuna desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford para el COVID-19, por lo que pudo aumentar sus compromisos con las entregas de dosis.
El ejemplo del Sida
A finales de los años 1990, los antirretrovirales transformaron los tratamientos contra el virus del sida: las triterapias empiezan a salvar millones de vidas, pero su precio es inalcanzable para la mayoría de seropositivos.
Hasta principios de los años 2000, no se firmaron acuerdos y compromisos para facilitar la fabricación y distribución de medicamentos antirretrovirales genéricos a bajo precio para los países pobres.
En 2001, tras arduas negociaciones, la conferencia ministerial de la OMC en Doha aceptó una flexibilización en la protección de las patentes de los grupos farmacéuticos, que otorgaba a los países en crisis sanitaria el derecho a fabricar medicamentos genéricos más baratos.
Sin embargo, la declaración de Doha estaba incompleta sobre un punto esencial: los problemas de los países pobres sin capacidad de producción para recurrir a este mecanismo de forma eficaz.
En 2003, un acuerdo temporal, confirmado a finales de 2005, permitió introducir una exoneración al derecho de propiedad intelectual que autorizaba a los países pobres afectados por enfermedades graves infecciosas (paludismo, tuberculosis y sida) importar medicamentos genéricos si ellos no podían fabricarlos.
En medio de este escenario y al cumplirse cerca de año desde que la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia, la lucha que enfrentan los países es por acceder a las vacunas de forma oportuna para enfrentar la enfermedad, en momentos en los que las variantes se han convertido en unas de las mayores preocupaciones.
La OMS ha denunciado que el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos no ha permitido que los países de menos ingresos y pobres puedan acceder de forma equitativa a las dosis, lo cual no ha permitido luchar de forma conjunta contra la pandemia.
Además, la OMS también ha asegurado que este tipo de posturas y la firma de nuevos acuerdos directos con las farmacéuticas han afectado al mecanismo COVAX, con el que se busca hacer una distribución equitativa de las dosis en cientos de países que se suscribieron.
