El exministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, centro, y su exasesor Giovanni Pacheco, acusados de presuntas irregularidades en la compra de respiradores artificiales para pacientes con COVID-19. Foto: AP
El exministro de Salud boliviano Marcelo Navajas fue enviado preventivamente a la cárcel por un juez tras el escándalo de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores a una empresa catalana para usarlos en pacientes afectados con coronavirus.
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En medio del pico alto de contagios que vive Bolivia y la emergencia por respiradores, el caso, en que fueron relacionados otros funcionarios, suscitó un alto revuelo ya que el supuesto sobrecosto sería mayor al triple del valor original de cada equipo, lo que ocasionó críticas al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.
En otros países de América Latina también han surgido denuncias de compras de aparatos e insumos sanitarios con presuntos sobreprecios.
Navajas de 62 años fue el segundo ministro de Salud en la gestión de Áñez y estuvo en su cargo 45 días hasta su destitución el jueves. El juez lo mandó preventivamente y por tres meses a una cárcel del centro de La Paz mientras se realice la investigación.
El gobierno de Áñez trató de desligar a su gobierno, relacionando la compra con un funcionario que trabajó estrechamente con la exministra de Salud, Gabriela Montaño, en la gestión del expresidente Evo Morales. Los opositores responsabilizan a la actual administración.
Fernando Velenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud que también fue destituido por Áñez debido al escándalo, deberá cumplir seis meses de detención carcelaria preventiva, dictaminó el juez. El fiscal Ruddy Terrazas informó que Valenzuela declaró que el exministro fue quien autorizó la compra y que estuvo al tanto del proceso.
Rosario Canedo, abogada defensora de Navajas, dijo que su cliente era inocente y que se estaba poniendo en riesgo su salud porque padece, según la defensora, de un problema del corazón.
Mientras tanto, a una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), involucrada en la supuesta compra, le dieron detención domiciliaria.
El BID, que financió y ayudó con la compra de los equipos, informó que está haciendo una investigación rigurosa, aunque adelantó que la compra era responsabilidad directa del gobierno.
El procurador José María Cabrera solicitó el viernes información a ese organismo, pero aseguró que no recibió colaboración.
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Los ventiladores se compraron a la firma catalana GPA Innova con un costo total aproximado de 4,7 millones de dólares, es decir, unos 28.000 dólares cada uno, según las investigaciones. El sobreprecio fue algo más del triple del costo real, según develó un portavoz de la firma a medios bolivianos.
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