Las autoridades de América Latina y el Caribe se comprometieron a acelerar acciones para evitar que se registre un incremento del trabajo infantil ante el impacto que está dejando la pandemia en la economía de los hogares más vulnerables en los países de la región.
Así lo establecieron los gobiernos durante un evento virtual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde se alertó el posible aumento de este flagelo para la niñez, que se sumaría a los 10.5 millones de niños que trabajan en la región.
Los presidentes de Colombia, Guatemala, Perú, así como representantes de Costa Rica y Jamaica respondieron de este modo al llamado de la OIT para participar en el lanzamiento del Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil.
El director regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, alertó que, a consecuencia de los efectos sociales y económicos de la pandemia, “en un año se puede retroceder los avances de una década” contra la explotación y el trabajo infantil.
La OIT estimó que el año pasado unos 300.000 niños y adolescentes “podían regresar al trabajo infantil por el impacto de la crisis”.
En ese sentido, pidió a las autoridades de la región a tener “un compromiso sostenido del más alto nivel para poner fin al trabajo infantil” y apostar por acciones conjuntas para enfrentar este problema multicausal.
“Es tiempo de actuar de manera decisiva para mantener lo logrado, en lugar de retroceder”, indicó Pinheiro, quien hizo un llamado para que los gobiernos diseñen estrategias de ayudas sociales para evitar que más niños entre a trabajar y se alejen del estudio y actividades deportivas.
De acuerdo con la OIT, el trabajo infantil se redujo en casi 100 millones de menores entre el 2000 y 2016 a nivel mundial, y actualmente afecta a unos 150 millones de niños y adolescentes.
Durante el evento, la activista peruana Sofía Mauricio, dio un conmovedor testimonio sobre su propia vida como empleada doméstica desde los 7 años de edad, cuando dejó su humilde casa en la andina localidad de Cajabamba para trabajar en distintos hogares hasta llegar a la ciudad de Lima.
“El trabajo en casas de extraños, donde recibía maltratos y violencia, nos deja cicatrices y una generación sin el derecho de disfrutar de su niñez”, afirmó Mauricio.
De acuerdo con la experta, la pérdida del trabajo y el incremento del trabajo precarizado en los adultos por la pandemia tiene como consecuencia el incremento del trabajo infantil, donde muchos trabajarán solo por la comida.
Precisamente, la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, alertó que la pérdida de empleos como efecto de la pandemia y el incremento de la pobreza monetaria podría afectar directamente a 51,6 % de la población infantil.
La jefe de la Cepal también explicó que el cierre de las escuelas no solo tiene un impacto en materia educativa sino también en la seguridad alimentaria de los niños de los sectores vulnerables que tenían con estos programas un acceso a alimentos diarios.
“Estas son condiciones que aumentan las posibilidades de incorporación prematura de los niños al mercado laboral en condiciones precarias. Al menos 109.000 a 320.000 niños podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10,5 millones que ya están en trabajo infantil”, estimó Bárcena.
La Cepal, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha propuesto universalizar el acceso a la seguridad social, garantizar la educación para todos y con adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos, para garantizar el mejor desarrollo de los niños en América Latina.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reveló que unos 58.000 niños dejaron de trabajar entre 2018 y 2019 en el país, reduciendo la tasa de trabajo infantil a 5,4 % de la población.
A pesar de las acciones de capacitación y herramientas de registro de este flagelo, Colombia tiene a más de 11.000 niños registrados con la actividades que desempeñan y verificados para restablecer su derecho a la educación.
El mandatario colombiano reiteró que su compromiso es impedir y erradicar esta actividad en su nación con miras al objetivo de desarrollo de las Naciones Unidas, de eliminar el trabajo infantil hacia el 2025.
Asimismo, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, expresó que “ahora más que nunca, lucharemos porque nuestros niños puedan ser niños” en América Latina.
Giammatei resaltó que más del 33 % de su población es menor de 14 años y, por lo tanto, el Ejecutivo ha priorizado políticas y acciones que permitan alcanzar el desarrollo social de este sector.
El mandatario detectó la necesidad de ampliar la cobertura en educación y protección civil, pues ahora “se suman los desafíos derivados de la pandemia que generan mayor vulnerabilidad”, especialmente en la zona rural de su país.
Por su parte, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, recordó que este año su país celebra el bicentenario de la independencia y expresó sus deseos de “confianza y esperanza en el futuro, que podamos consolidar el sueño libertario y lograr que los niños accedan al desarrollo pleno y seguro de toda su potencialidad”.
Sagasti afirmó que Perú tiene una trayectoria sostenida en lucha contra el trabajo infantil, mediante la ratificación de los convenios de la OIT sobre la edad mínima para trabajar y sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.
“Estos compromisos están siendo implementados a través de la estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil”, indicó Sagasti.
Finalmente, el vicepresidente de Costa Rica, Marvin Rodríguez, indicó que el país que “no protege a su niñez, es un país que compromete su futuro” y por eso el gobierno viene realizando varios esfuerzos para para alcanzar el referido objetivo de desarrollo.
“No es posible que se prive del derecho al estudio, se limite sus derechos plenos, con la intención de apoyar a sus familias. Esta situación agrava nuestra realidad en tiempos complicados”, afirmó Rodríguez.
De esta forma, la pandemia amenaza con llevar a la explotación y trabajo a miles de niños en América Latina por lo que las autoridades han hecho un llamado para que los países implementen estrategias y fortalezcan los programas sociales en las poblaciones vulnerables para que los niños no sean las víctimas del impacto económico del COVID-19.
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