La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de cárcel por delitos de corrupción en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
El Tribunal Oral Federal 2 decidió imponer esta condena al hallarla culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado argentino durante el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur).
Asimismo, la expresidenta argentina también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos debido a la gravedad de los delitos que lograron comprobarse cuando se desempeñó como primer mandataria entre los años 2007 y 2015.
Desde hace varios años, la líder izquierdista de 69 años venía siendo acusada junto a otras doce personas de delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, por supuestamente haber favorecido desde su gobierno al empresario Lázaro Báez con la atribución de licitaciones en la provincia de Santa Cruz (sur), su bastión político.
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La Fiscalía había pedido 12 años de prisión para Fernández por estos delitos de corrupción, ya que se estimaba que el Estado habría sido defraudado por unos 1.000 millones de dólares por esas irregularidades.
De esta forma, la actual vicepresidenta tendrá que cumplir su condena en momentos en que en Argentina se viene presentando una gran polarización por cuenta de este caso.
El proceso
Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
La pena dispuesta para Fernández en la denominada “causa Vialidad” fue menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
El tribunal oral también ordenó decomisar una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 por su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho a apelar la sentencia ante tribunales superiores.
Este proceso se inició luego de que las autoridades identificaran irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra por diversas causas- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.
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