Crisis en Perú: el Congreso rechazó adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023

Una nueva crisis política atraviesa Perú luego de que el expresidente Pedro Castillo intentara disolver el Congreso antes de que el parlamento iniciara una votación para decidir si sometía al mandatario a un juicio político por presunta corrupción.

Pero el Congreso salió avante en este pulso y terminó destituyendo al líder izquierdista tras su fallido autogolpe del pasado 7 de diciembre.

De esta forma, el expresidente Pedro Castillo fue detenido por la policía por “rebelión” y “conspiración” en flagrancia, en momentos en que se dirigía a la embajada de México para asilarse.

Tras estos hechos, el país nuevamente se sumió en una grave crisis política en la que ya completa seis presidentes en menos de seis años.

De hecho, el Congreso procedió a posesionar a la vicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva mandataria tal y como lo prevé la Constitución. Sin embargo, este hecho fue calificado como traición por parte de los seguidores de Castillo.

Las protestas rápidamente han venido ganando intensidad en varias regiones del país, especialmente en aquellas zonas en donde Pedro Castillo tiene un gran apoyo popular.

Los seguidores del exmandatario han exigido su liberación y algunos han protagonizado actos violentos y vandálicos en aeropuertos y zonas pobladas en 13 de las 24 regiones del país.

En Lima las protestas también se han tornado violentas ya que se han presentado enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en donde se han usado armas artesanales y piedras, mientras que los agentes repelen los ataques con armas de fuego y gases lacrimógenos.

Por su parte, varios gremios de agricultores e indígenas convocaron a un “paro indefinido” pidiendo nuevas elecciones generales.

Estos anuncios llevaron a la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

De esta forma, Perú no logra salir de una espirar de crisis política y social en la que lleva sumida en los últimos años, los cuales han estado marcados por escándalos de corrupción, destituciones y renuncias de cinco presidentes desde 2016.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.

Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de esos 87 votos para ser sometido a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.

La ley planteaba recortar el mandato de la presidenta Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir en  en julio de 2026. Además, incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones tras la crisis que estalló con la destitución de Pedro Castillo.

En sus disposiciones transitorias especiales establecía que “la presidenta en funciones”, en referencia a Boluarte, “convoca a elecciones generales en diciembre 2023 y concluye su mandato el 30 de abril de 2024”. Asimismo, contemplaba que los actuales congresistas también concluirían sus funciones el 28 de abril de 2024.

Precisamente, la presidenta Boluarte planteó este miércoles que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de una propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.

El líder izquierdista también hizo un llamado a los militares y policías a detener la represión en contra de los manifestantes que se han volcado a las calles a defenderlo en varias regiones del país, en donde ya se han registrado al menos una decena de muertos y heridos.

“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, indicó Castillo.

El exmandatario también le indicó al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que él nunca ha cometido un delito y que por eso su detención es arbitraria.

“Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón… Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, destacó Castillo en la audiencia virtual judicial que evalúa una apelación a su detención preliminar de siete días.

En un discurso televisado, Boluarte hizo una concesión a los manifestantes y dijo que propondría al parlamento adelantar los comicios para abril de 2024.

Lo cierto es que el anuncio representó un cambio drástico respecto a sus declaraciones previas ya que la mandataria tenía contemplado cumplir los 3 años y medio del mandato de su predecesor, Pedro Castillo.

“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales”, indicó Dina Boluarte en una alocución.

Precisamente, la nueva mandataria de 60 años tomó juramento unas horas después de que Castillo ordenara disolver el Congreso, el cual terminó destituyendo al entonces presidente por “permanente incapacidad moral”.

Este nuevo hecho ha marcado una nueva página en la historia política del Perú que en los últimos seis años ha tenido a seis presidentes, incluyendo tres en una sola semana en 2020 cuando el Congreso hizo gala de sus facultades de destitución.