ABC para entender el golpe de Estado de los militares en Myanmar

Militares dan un golpe de estado en Myanmar. Foto: AFP

El ejército de Myanmar (o Birmania) dio un golpe de Estado después de compartir por años el poder entre el gobierno civil de Aung San Suu Kyi y los militares, todavía muy poderosos en el país.

En las primeras horas del mes de febrero, el ejército detuvo a esta nobel de la Paz y al presidente Win Myint, declaró un estado de emergencia por un año y colocó a generales en puestos clave del gobierno.

Los militares llevan varias semanas denunciando un supuesto fraude electoral en los comicios legislativos de noviembre, que ganó por amplia mayoría la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.

Los comicios los ganó por una mayoría abrumadora la Liga Nacional para la Democracia, que ya estaba en el poder en Myanmar.

La LND obtuvo el 83% de los 476 escaños en el parlamento, pero el ejército afirma haber descubierto 10 millones de casos de fraude electoral y ha pedido a la comisión electoral que publique las listas electorales para verificarlas, lo que aún no se ha hecho.

El pasado martes 26 de enero, el portavoz del ejército no descartó que los militares tomaran el control del país lo que encendió las alarmas de la comunidad internacional.

Los temores aumentaron aún más después de que el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, sin duda el hombre más poderoso de Birmania, dijera que la Constitución podría ser “revocada” bajo ciertas circunstancias.

Myint Swe, quien dirigía el poderoso comando militar de Rangún y actual vicepresidente de Birmania, se convierte en presidente interino por un año, un cargo principalmente honorífico en este país.

El control “legislativo, administrativo y judicial” recae en Min Aung Hlaing, que ahora concentra casi todos los poderes del país.

El golpe de estado ocurre el mismo día en que el Parlamento iba a comenzar sesiones y tras varios días de rumores de que una insurrección militar era inminente. Los militares insisten en que el golpe está legalmente justificado, citando una supuesta cláusula de la constitución que le permite asumir el control del país en caso de una emergencia nacional.

Este golpe, condenado por la comunidad internacional, no es el primero: desde su independencia en 1948, Myanmar ha estado gobernada por regímenes militares durante casi 50 años. Ya hubo dos golpes de Estado en 1962 y 1988.

Sin embargo, aún es incierto cómo reaccionará la población frente a este hecho. Aung San Suu Kyi, muy criticada a nivel internacional por su gestión de la crisis de los musulmanes rohinyás todavía es venerada por una mayoría de birmanos.

Presintiendo el golpe militar, Aung San Suu Kyi dejó un mensaje para la población, instándola a que “no acepte” la toma del poder por parte de los militares.

Lo cierto es que este golpe representa un dramático revés para Myanmar, que apenas salía de décadas de régimen militar y aislamiento internacional pero que ahora parece sumirse nuevamente en este proceso.

Es además una asombrosa pérdida de poder para Suu Kyi, una activista de la paz que estuvo presa en su casa durante años mientras perseveraba en una campaña para llevar la democracia a su país y se convirtió en la gobernante de facto cuando su Liga Nacional por la Democracia ganó las elecciones en 2015.

La Carta Magna concede al ejército el control de tres ministerios importantes: Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos, lo que garantiza que la institución siga influyendo en la política birmana.

Por lo tanto se trata de un texto polémico. El politólogo Khin Zaw Win lo califica de “profundamente impopular”.

El gobierno de Aung San Suu Kyi ha intentado enmendarlo desde que ganó las elecciones de 2015, pero sin demasiado éxito.

En ese sentido, los observadores siguen de cerca los recientes comentarios de Min Aung Hlaing sobre su derogación y los efectos que esto pueda tener en esta crisis.

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El texto también contiene un artículo que prohíbe a los ciudadanos casados con extranjeros convertirse en presidente, lo que, según los analistas, se escribió para impedir que Aung San Suu Kyi, casada con un británico, ocupara el cargo.

La “Dama de Rangún” asume el papel de “consejera de Estado”, un cargo desde el que dirige de facto el gobierno.

El ejército hizo todo lo posible para impedir la llegada al poder de la nobel pero no había previsto este “fallo”, según el politólogo Soe Myint Aung. Los militares están muy descontentos “de haber perdido un control significativo sobre el proceso político”.

Si bien Suu Kyi fue una dura adversaria de los militares durante su arresto domiciliario, desde que asumió las riendas del poder ha tenido que negociar con los generales que en realidad nunca cedieron totalmente el poder.

La premio nobel de 75 años es sumamente popular a nivel nacional, su deferencia hacia los generales —incluso defendiendo las matanzas de rohinya que son ampliamente consideradas genocidio— ha empañado su imagen a nivel internacional.

Hay quienes califican el golpe de estado como la prueba de que los militares nunca cedieron el poder totalmente a pesar de la semblanza democrática. Ya antes el grupo de derechos humanos Human Rights Watch había calificado la cláusula constitucional que permite la intervención de las fuerzas armadas como “un golpe de estado en preparación”.

Los acontecimientos presentarán un desafío para la comunidad internacional, que había aislado a Myanmar cuando era una dictadura militar y que recibió con agrado el ascenso de Suu Kyi al gobierno como señal de que el país al fin se encaminaba hacia la democracia.

Sin embargo, es probable que ahora surjan llamados para la reimposición de sanciones contra el país surasiático como una forma de presión para el régimen militar.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó “firmemente” el arresto por el ejército de Aung San Suu Kyi y de otros dirigentes políticos del país.

“La declaración de transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares (…) representa un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania”, añadió.

Asimismo, Estados Unidos pidió liberar a los responsables del gobierno y respetar la voluntad del pueblo. Además, aseguró que se opone “a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Birmania, y tomará acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten”.