Entre dos y seis años de cárcel tendrán que pagar quienes difundan fotos de víctimas de la violencia, gracias a la sanción de la llamada ‘Ley Ingrid’, por parte del Congreso de Ciudad de México.
Se trata de una reforma al Código Penal local, y está enfocada en que los funcionarios no compartan contenido de los casos que manejan.
“Las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte si la información se difunde con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima”, precisa la web especializada Animal Político.
De acuerdo al texto de la Ley Ingrid, “el respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca deben ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado”.
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En efecto, durante el auge de las redes sociales, se han filtrado imágenes de víctimas de la violencia, de sus cuerpos y detalles de las investigaciones que, de acuerdo a las impulsores de la reforma, revictimizan a las personas y a sus familiares y vulneran el proceso de investigación.
La ley toma nombre en honor de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años asesinada a cuchilladas y mutilada por su pareja en Ciudad de México el 9 de febrero de 2020. El caso generó protestas y aumentó su repercusión por el hecho de que las imágenes del cuerpo de Ingrid fueron publicadas en primera página de los tabloides y reproducidas en las redes sociales.
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Seis personas, entre policías y fiscales, fueron investigadas por la filtración de las imágenes y se lanzó una campaña para llenar las redes con fotos del rostro de Ingrid Escamilla para que no se pudieran ver las imágenes de su cadáver.
Entre los titulares con que los medios acompañaron las abyectas fotos estaban: “Descarnada”, porque a la víctima le quitaron parte de su piel, y “La culpa la tuvo Cupido”, haciendo referencia a que faltaban pocos días para San Valentín.
Aunque en otros países existen leyes que protegen la privacidad de las víctimas en los procesos, estas filtraciones siguen ocurriendo, vulnerando la dignidad y los derechos de los involucrados.
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