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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó este jueves una resolución que pide a la administración de Nicolás Maduro cumplir las recomendaciones que la alta comisionada, Michelle Bachelet, presentó en julio, incluyendo el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura.
Esta petición ocurre en el contexto de la posibilidad que existe que Venezuela, representada por el Ejecutivo de Maduro, ocupe nuevamente un puesto en este Consejo.
La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, 23 abstenciones y seis votos en contra -de países como Perú, Argentina o Brasil-, que consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela y hará que su Gobierno “no asuma ninguna responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos”.
Esas naciones y otros integrantes del Grupo de Lima presentarán este viernes ante el mismo Consejo de Derechos Humanos otra resolución en términos más enérgicos contra Venezuela y que solicitará el establecimiento de una comisión internacional de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro.
La resolución aprobada este jueves, patrocinada por Irán, solicita a Venezuela que acate el informe presentado por Bachelet, poco después de que ésta visitara Venezuela a finales de junio, recordó EFE.
Ese informe denunciaba entre otros crímenes más de 6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018, por lo que reclamaba la investigación de éstas y otras violaciones de derechos humanos y la liberación de presos políticos, entre otras exigencias.
La resolución de muestra su apoyo a ese informe de Bachelet -pese a que el propio Maduro lo consideró lleno de “mentiras, falsedades y manipulaciones”– y pide a Caracas que coopere con el Consejo de Derechos Humanos.
En una concesión al Gobierno venezolano, por otro lado, la resolución de hoy expresa su preocupación por la imposición de sanciones al país por Estados Unidos, que el embajador venezolano de Maduro en Ginebra, Jorge Valero, volvió a calificar de “criminales y genocidas”.
Los países de la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos, entre ellos España, optaron por abstenerse al considerar que el documento “no era suficiente a la hora de responder a la gravedad de la situación en Venezuela”, en palabras del embajador danés en representación de los Veintiocho.
Por su parte, países latinoamericanos distanciados del Grupo de Lima, como México y Uruguay, votaron a favor de la resolución patrocinada por Irán.
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