La Unión Europea (UE) llegó este miércoles a un acuerdo político para sancionar a otros siete altos cargos venezolanos por violaciones de los derechos humanos en el país, decisión a la que se llegó en una reunión de los embajadores permanentes de los Veintiocho en Bruselas, según confirmaron a EFE fuentes europeas.
La decisión se hará efectiva tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, previsiblemente este viernes según las fuentes, donde se detallará la identidad de los nuevos sancionados, con lo que actualizarán la lista de funcionarios de la administración de Maduro que están sancionados.
Con estas siete nuevas personas, la lista negra contará en total con 25 integrantes a quienes la UE ha prohibido la entrada en su territorio o congelado los bienes que puedan tener en la Unión, dijo EFE.
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En julio, los Veintiocho ya se mostraron dispuestos a comenzar el trabajo para aplicar más sanciones selectivas a los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos, según anunciaron entonces en una declaración conjunta.
El Parlamento Europeo (PE) había reclamado a los países de la Unión Europea acordar sanciones adicionales contra las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión.
En una resolución que recibió 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, la Eurocámara consideró que las autoridades europeas debían “restringir los movimientos de estos individuos y congelar sus activos y visados, así como los de sus parientes más cercanos”.
La UE también aplica ya a Venezuela restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.
En noviembre de 2017 la UE aplicó las primeras medidas restrictivas a Venezuela a la luz del “continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” en el país, sanciones que vinieron tardías, según algunos países, luego de lo ocurrido durante las protestas antigubernamentales registradas ese año y que dejaron más de 120 muertos.
Hasta el momento, la lista de los sancionados incluye a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami; Sergio José Rivero, entonces inspector general de la Fuerza Armada Nacional ; Jesús Rafael Suárez Chourio, ex comandante general del Ejército; Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y Elías Jaua Milano, ex ministro de Educación.
Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Bernal, actual “protector” del Táchira; Katherine Harrington, ex vicefiscal general; Socorro Hernández, rectora principal del CNE y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.
La UE aseguró que con estas medidas pretendía impulsar un proceso “creíble y significativo” que pudiera llevar a una solución pacífica negociada a la crisis que atraviesa el país.
También ha dejado claro en diferentes ocasiones que estas sanciones pueden ser revertidas “en función de la situación en el país”, en particular si se celebran negociaciones creíbles y significativas, se respetan las instituciones democráticas, se adopta un calendario electoral y se libera a todos los presos políticos.
