EFE/Quique García
El Tribunal Supremo de España impuso este lunes penas de entre 9 a 13 años de cárcel a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017, una decisión que puso final a un periodo de incertidumbre político-judicial y que marcará las elecciones generales españolas del 10 de noviembre.
La sentencia también fijó penas menores para otros tres acusados, que no tendrán que entrar en prisión, en un fallo de 493 páginas que liquida el proceso legal iniciado tras el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia ese mismo mes.
Los siete jueces apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición y malversación de fondos públicos, pero descartaron el delito más grave de rebelión.
Una condena por rebelión hubiera implicado penas mucho mayores, de hasta 25 años de cárcel, pero los jueces no apreciaron que se produjo el nivel de violencia necesario para aplicar ese supuesto penal.
El expresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras recibió la pena más elevada, de 13 años de cárcel, mientras que otros miembros del anterior Ejecutivo regional fueron condenados a entre 10,5 y 12 años.
La entonces presidenta del Parlamento autonómico fue condenada a 11,5 años y los dirigentes de dos organizaciones sociales independentistas a penas de 9 años cada uno por su papel en la organización de protestas violentas.
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El tribunal consideró que los condenados actuaron de forma coordinada y jerarquizada.
Otros tres condenados fueron sentenciados a multas por desobediencia, pero no a penas de cárcel.
Finalmente, los sentenciados a prisión fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, por lo que seis de ellos tendrán que ser retirados de las candidaturas a las elecciones del 10 de noviembre.
El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, afirmó tras conocer la sentencia que España “es una de las mejores democracias del mundo” y que el proceso judicial tuvo lugar “con plenas garantías y absoluta transparencia”.
En una declaración institucional, Sánchez, que también habló en inglés para explicar mejor la posición gubernamental ante los medios extranjeros, insistió en que en la democracia española “nadie es juzgado por sus ideas ni por su proyecto político”.
El jefe del Gobierno en funciones recalcó que la sentencia confirma el “naufragio” del proyecto independentista de 2017, cuyos líderes ignoraron “los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña”.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, descartó que pueda haber un perdón oficial a los condenados: “no procede hablar de indulto” porque no está en la voluntad del Gobierno, aseguró en unas declaraciones televisivas.
En cambio, el presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, consideró la sentencia como un acto de “venganza, no de justicia”, y se reafirmó en el objetivo de avanzar “sin excusas” hacia una república catalana.
Los condenados señalaron a través de redes sociales su rechazo a las penas e insistieron en que no cejarán en su objetivo. Junqueras acusó al Estado español de “moverse por la venganza” mientras que Jordi Cuixart, sentenciado a nueve años, afirmó: “Lo volveremos a hacer”.
Tras divulgarse la sentencia, grupos de activistas independentistas participaron en protestas en algunas ciudades, especialmente Barcelona, cortaron algunas carreteras y entraron en el aeropuerto internacional barcelonés de El Prat, aunque por ahora no se ha afectado el tráfico aéreo.
Un fuerte despliegue policial protege los edificios oficiales y las infraestructuras más importantes.
El Gobierno regional catalán impulsó una reforma legal en el Parlamento autónomo, que aprobó en septiembre de 2017 a pesar de que violaba el propio estatuto de la autonomía catalana.
Tras esa reforma, se celebró un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, que fue obstaculizado en algunos lugares por las fuerzas de seguridad españolas (Guardia Civil y Policía Nacional) ante la pasividad de la policía regional catalana.
El Tribunal Supremo español (TS) decidió este lunes dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán independentista Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica y declarado en rebeldía en España.
El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el TS condenara este lunes por sedición a nueve líderes soberanistas catalanes, que tendrán que cumplir penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista ilegal de 2017.
Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que el magistrado, que instruyó la causa del proceso independentista ilegal, ha activado el mecanismo para solicitar de nuevo la entrega a España del exgobernante catalán huido, a quien un tribunal regional de Alemania ya rechazó extraditar por el delito de rebelión, que no ha sido contemplado por el Supremo.
Puigdemont, que vive en la ciudad belga de Waterloo, y otros seis independentistas catalanes permanecen en el extranjero para evitar la acción judicial española, y sobre todos ellos pesa una orden de detención en España.
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