Tarek William Saab debería ser investigado por “tolerar y encubrir” violaciones a DDHH

La investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, manifestó el 2 de julio que aquellos que de alguna u otra forma fueron responsables directa o indirectamente de violaciones de DDHH en Venezuela, “que toleraron y encubrieron” tendrán también su cuota de responsabilidad cuando exista un cambio en la administración del país.

Borges, quien fue entrevistada por César Miguel Rondón en el programa En Conexión, señaló que en el caso del fiscal designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek Willian Saab, existe responsabilidad de su parte y como tal debería haber una investigación “mientras estuvo en el control del poder”, ya que el Estado que representa no respeta las garantías democráticas y que “no es legítimo”. 

Criticó la labor de Saab en ese despacho al poner de ejemplo el caso del concejal Fernando Albán, muerto el 8 de octubre de 2018, en donde las autoridades aseguran que se quitó la vida al supuestamente saltar del piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

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“Dos días después salió el fiscal diciendo que después de una investigación exhaustiva, se determinó que había sido un suicidio. Tras casi un año de lo sucedido, los familiares y sus abogados no han podido tener acceso pleno al expediente y tampoco les han entregado el cuerpo”.

Por eso, considera que los hechos se repiten y los funcionarios “que controlan y obstaculizan, tienen un fin de enviar un mensaje de miedo y terror ejemplarizante, donde aquellos que están en contra, están en riesgo de peligro y pueden ser eliminados”. 

Explicó que el tema de la violación de DDHH se viene denunciando desde 2014, debido a que la administración que preside Nicolás Maduro sostiene una práctica de acciones basada en represión política y de persecución que va en ascenso, acompañadas de torturas, desapariciones forzadas y “la muerte en custodia”, haciendo expresa alusión a los casos ocurridos en menos de un año: El del concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. 

A su juicio, lo ocurrido en estos dos hechos no son casos aislados, ya que son parte de una “política” que ya ha sido identificada en informes internacionales, así como en el seguimiento por parte de la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU. Además, alertó que la detención arbitraria y posteriormente de Acosta Arévalo, quien estaba en custodia de las autoridades venezolana, pasó con la presencia de los funcionarios de la ONU en Venezuela que dejó Michelle Bachelet como alta comisionada de esa oficina.

En ese sentido, dijo que hay que esperar al 5 de julio para conocer de primera mano lo que dice el informe sobre Venezuela, que fue producto de un “mandato” del mismo Consejo de DDHH. 

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A su juicio, en Venezuela lo que se busca es mostrar un rostro de aparente legalidad y de investigaciones, “cuando en realidad no se aplica la legislación correspondiente y no se garantizan castigos a violaciones de DDHH”.

Aseveró que debido a esa razón, las investigaciones independientes no tienen cabida en ese país porque aquellos que llevan a cabo las pesquisas, son los mismos que llevan a cabo procedimientos de encubrimiento, ocultamiento de la información, sin investigación transparente, pero haciendo ver que hay investigaciones.

Dijo que la situación de Venezuela es compleja porque existe un deterioro institucional que tiene consecuencias directas en materia humanitaria, por lo que la “inexistencia de la institución” hace difícil que se puedan establecer responsabilidades en materia de DDHH y la activación de mecanismos internacionales hace posible que además del diagnóstico que hacen de la situación venezolana, organismos como la ONU darán respaldo a estas informaciones.

“Todo esto requiere una respuesta combinada una respuesta coherente, pero con una acción definitiva de los estados. No pueden esperar, ya que la solución tiene que venir de los venezolanos pero no podemos solos. Nosotros tenemos que ser parte de lo que sera la resolución de la crisis de Venezuela, pero refinamos un proceso que nos lleve a la justicia, a la verdad y reparación de los familiares de capitán Acosta Arévalo y de Albán. Ellos tienen derecho de saber la verdad de lo que paso con sus familiares”.