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Un acuerdo de todas las fuerzas políticas bolivianas se concretó el viernes para convocar a nuevas elecciones que no contemplarían la participación del expresidente Evo Morales, quien fue acusado de sedición y terrorismo tras un mes de convulsión social en el país andino que ha dejado al menos 32 muertos.
El trato fue alcanzado por la noche tras complicadas negociaciones entre ambas partes, y se le plasmó en un proyecto de ley que será entregado el sábado por la mañana ante el pleno del Senado. En caso de ser aprobado sería derivado a la Cámara de Diputados.
El senador Oscar Ortiz, del gobierno de transición de la presidenta interina Jeanine Áñez, informó acerca del consenso, que anularía las elecciones del 20 de octubre. Además de un padrón saneado, se esperan nuevas alianzas y frentes políticos para participar en la contienda electoral.
“Se hará respetar la Constitución, que una persona sólo puede ocupar un cargo electivo por dos periodos de forma continua”, explicó Ortiz.
En el proyecto no se incluye a Morales, quien gobernó el país durante casi tres periodos constitucionales de cinco años antes de renunciar el pasado 10 de noviembre, alegando un golpe de Estado tras quedar cercado por las protestas contra un supuesto fraude electoral y perder el apoyo de la policía y los militares. Actualmente está asilado en México.
Una auditoría de la Organización de los Estados Americanos corroboró las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y recomendó nuevos comicios.
Tras anunciarse el acuerdo, manifestantes afines al expresidente empezaron a levantar los bloqueos en las vías de acceso a las principales ciudades de Bolivia.
Poco a poco fue posible ver en las imágenes de televisión que los automóviles pasaban por los puntos en los que había bloqueos. En la planta de combustible en la ciudad vecina de El Alto, donde el martes murieron ocho personas cuando policías y militares rompieron el cerco para sacar camiones cisterna y abastecer de combustible a La Paz, ya había tránsito vehicular.
En un comunicado de prensa, organizaciones sociales afines al expresidente Morales instruyeron el retiro de los bloqueos, aunque mantuvieron el estado de emergencia hasta que el Congreso apruebe la convocatoria a elecciones. El gobierno exhortó al dialogo a los diversos sectores para pacificar el país.
Más temprano, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó dos demandas penales contra Morales y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por sedición y terrorismo.
La decisión se dio a conocer tras un video que presentó el miércoles en el que supuestamente Morales habla por teléfono desde México con un dirigente cocalero, con el que coordina los bloqueos para dejar sin alimentos a las ciudades.
“Este audio será verificado en Argentina y también pediremos a la empresa telefónica para verificar de dónde es la llamada”, explicó el fiscal general Juan Lanchipa.
Poco después, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, calificó de inaceptable el supuesto video del expresidente.
Paralelamente, el cuerpo diplomático le dio el saludo protocolar a Áñez, quien cumple 10 días de gobierno. Al evento no asistieron los embajadores de México, Nicaragua y Cuba.
El embajador de Rusia, Vladimir Ivanovich, dijo que su gobierno reconoce y apoya el mandato transitorio de Áñez.
En tanto, la gobernante interina explicó que su gestión está siendo muy difícil por las fuertes protestas con bloqueos que provocaron escasez de alimentos y combustible, sobre todo en La Paz, donde está la sede del gobierno. También pidió ayuda internacional para llevar a cabo las elecciones lo antes posible.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y la Iglesia católica han pedido que las partes dialoguen.
El cardenal Toribio Ticona pidió al pueblo boliviano deponer los actos de violencia y que sea el diálogo el camino de salida a la crisis.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, se reunió con la canciller boliviana Karen Longaric para recibir su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.
América Digital/AP
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