Renuncias, protestas, escapes y arrestos se registran en Bolivia tras sugerencia de la OEA de repetir elecciones

Luego de la publicación del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se sugiere la realización de unas nuevas elecciones en Bolivia y el posterior anuncio del mandatario, Evo Morales, de convocar a nuevos comicios este domingo, la nación andina comenzó a registrar diversas declaraciones que ponen a tambalear la estabilidad del gobierno.

El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió Morales “renunciar, si es necesario” para pacificar al país y resaltó que esa organización “no será cómplice del derramamiento de sangre”.

Hizo, además, un llamado a la reflexión al pueblo boliviano y a los dirigentes de todos los sectores para “convocar a la pacificación del país”, ante la radicalización de las protestas en favor y en contra del Gobierno que ya dejan tres muertos y más de 300 heridos.

Huarachi exigió que se conforme un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) con miembros “imparciales” y la convocatoria de “manera urgente nuevas elecciones” para evitar más violencia.

Sobre la participación del presidente Morales en las nuevas elecciones, el líder de la Central Obrera Boliviana declaró que esa posibilidad “es competencia del nuevo Tribunal Supremo Electoral”.

Por su parte, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que el paro cívico indefinido continuará mientras no renuncien Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera. De igual forma, solicitó que diputados, senadores, vocales del Tribunal Supremo Electoral y todos los magistrados del Órgano Judicial, dejen sus cargos.

En ese sentido, propuso que el país sea dirigido por una junta de Gobierno y que la misma sea elegida por un grupo de “notables” de toda la población.

Según Camacho este “gobierno transitorio” podría gobernar hasta 60 días para poder elegir a un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar a nuevas elecciones, refiere el diario El Deber.

De igual forma, anunció que llevarán una carta de renuncia hasta la sede de gobierno para que Evo Morales la firme y se pueda dar un cambio político en la nación.

Entretanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó en el canal RedUno que presentó su renuncia irrevocable al puesto dentro de la Cámara Baja y a su curul de asambleísta por el departamento del Potosí, donde representó al Movimiento al Socialismo, partido de Morales.

Indicó que su decisión busca “una pacificación en el país y evitar una confrontación”.

También pidió a las personas que tienen a su hermano secuestrado que por favor le liberen porque “no tiene nada que ver con política”.

A él se unió el diputado David Ramos, también del MAS. En entrevista telefónica al canal RedUno alertó que las protestas “han salido del marco de lo que establecen las condiciones” y reconoció que lo que sucede en el país no puede negarse.

Además, alertó que su vivienda es tomada por quienes protestas.

Mario Guerrero, otro legislador también del partido de Morales, quien confesó ser diputado sin ser militante del partido. Considera que ha habido fraude y considera que el presidente boliviano debe dejar su cargo.

El senador del Potosí, René Joaquino, puso su cargo a la orden tras la presentación del informe de la OEA este domingo. También Iván Canelas, gobernador de Cochabamba, renunció a su cargo para permitir que se restablezca el orden en el país.

De acuerdo al portal Los Tiempos, el ministro de Minería, César Navarro, renunció a su cargo y denunció que su vivienda fue incendiada por los manifestantes.

Además pidió que liberen a su sobrino, que está en manos de los protestantes y quienes le estarían propinando golpes.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también anunció su retiro del cargo este domingo a través de una misiva dirigida a Evo Morales al decir que la violencia “no es el camino que nos conduzca a encontrar una salida pacífica a esta crisis política y social que hoy nos aflige”, refirió Página Siete.

La senadora de Beni, Argene Simone, emitió un video para presentar su renuncia irrevocable de forma “consciente” porque “no puede estar en contra del pueblo”. Horas más tarde, lo hizo el gobernador del Beni, Álex Ferrer, quien se une a la petición de los demás dirigentes políticos.

María Renée Lievana, otra senadora al Congreso de Bolivia, dijo haber guardado “silencio por mucho tiempo”. Aseveró que ha cumplido su palabra de “no saltar del barco”, pero en estas circunstancias, se requiere una “Bolivia en paz”. Agradeció a Evo Morales por su apoyo, pero le solicitó que reflexione “profundamente” de continuar en el cargo.

Reveló que debido a la crisis en Bolivia, tuvo que llevar a sus hijos fuera del país y alertó que ha sido asediada durante los últimos días por los detractores del MAS.

Aseveró que no quiere “ser parte” del fraude que quedó señalado en el informe de la OEA. “Pido que me dejen recomponer mi vida”.

La vicecanciller de Bolivia, Carmen Almendra, mandó una misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, para renunciar a su cargo.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, se acercó a las instalaciones de RedUno en La Paz para también dirimir del cargo. Alegó amedrentamiento, presión psicológica. “Tenemos mensajes, amenazas, destrucción de bienes inmuebles, amenazas contra mi familia”.

Se une a esta lista, la ministra de Planificación, Mariana Prado, quien pide “pacificar” el país luego de anunciar su renuncia al cargo en el gabinete de Evo Morales. También lo hizo el procurador del Estado, Pablo Menacho.

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, y el del Régimen del Interior, José Luis Quiroga, dejaron sus cargos.

Mientras, el Fiscal General del Estado, Fausto Lanchipa, anunció que se iniciaron acciones penales contra los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral “y demás autores” de estos hechos, que habrían dado como resultado un fraude electoral en Bolivia.

De igual forma, anunció que fue conformada una comisión de fiscales que estará encargada del caso contra estas personas, acusadas de cometer delitos “ordinarios, electorales y vinculados a hechos de corrupción”. Agregó que estas acciones también engloban a aquellos que han renunciado.

Solicitó al comandante general de la Policía su colaboración para que el Ministerio Público pueda adelantar las investigaciones en todos los estados del país.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia emitieron un comunicado en el que ordenó ejecutar operaciones militares aéreas y terrestres para “neutralizar” a aquellos grupos armados que están actuando fuera de la ley.

El comandante general de la Policía, Yuri Calderón, ordenó a los funcionarios de seguridad a ejecutar lo solicitado por la Fiscalía para detener a los directivos del TSE nacional y regionales, mientras que anunció el relevo del comandante regional de Santa Cruz. El nuevo titular de ese despacho tendrá la responsabilidad de cumplir “con transparencia” lo que se solicitó por parte del Ministerio Público. 

Además, los oficiales destacados en acciones especiales y lucha contra el narcotráfico estarán aún en Chayapata para proteger a la ciudadanía.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Sandra Quetals, habría sido arrestada por el supuesto fraude a pesar de haber renunciado hace unas semanas, mientras que la policía dejó una notificación en la casa de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, luego de la orden emitida por la Comandancia de Policía y la Fiscalía, según lo emitido en directo por el canal RedUno.

Tras varias horas, se conoció que Choque habría presentado su renuncia a su cargo y se pondría a disposición de una investigación.

Autoridades bolivianas en esa instancia aseveraron que ya se han ejecutado tres órdenes de captura. Sin embargo, hay reportes sobre la supuesta huida de varios vocales electorales.

Los representantes de la empresa privada congregados en la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), solicitaron la renuncia de Morales. “Desde nuestra posición institucional empresarial, por la ruptura del estado de Derecho y en busca de la pacificación del país, solicitamos su renuncia”.