En el pasado mes de mayo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pago de los intereses relacionados al mencionado bono 2020 de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa); sin embargo, este martes la institución ratificó la ilegalidad e invalidez de los mismos.
El bono 2020 fue emitido por un valor de 1.600 millones de dólares en octubre de 2016, después que Pdvsa propusiera un canje de la deuda que se vencía en 2017 por un nuevo bono con vencimiento en 2020. El interés anual del mismo sería de 8,5% y para estimular el canje, se ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo.
Para este entonces, el Ejecutivo había utilizado como garantía a la filial de la estatal venezolana por una deuda con la empresa rusa Rosneft, una demanda contra los activos por parte de Crystallex, empresa canadiense que busca recuperar deudas pendientes con el chavismo, además de los bonos emitidos por Pdvsa.
A pesar de la posición tomada por la Asamblea Nacional este martes, en pasado mayo se hizo el pago de 71 millones de dólares correspondiente a los tenedores con previa autorización de la institución.
Según el Parlamento, el próximo pago del bono, que estaba pautado para el 28 de octubre, no se va a realizar porque su emisión violó los artículos 150, 311 y 312 de la Constitución venezolana y no fueron aprobadas las respectivas deudas en su momento por el Poder Legislativo.
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No pagar los bonos 2020 podría hacer que Venezuela finalmente pierda Citgo, uno de sus activos más importantes para la nación, que además sería de gran interés para el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por 55 países, para ejecutar una posible transición a un gobierno democrático.
A esto, el miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que las medidas tomada este martes por la institución que representa, además de el exhorto realizado al Procurador General nombrado por Guaidó que le pide tomar “en las juridicciones correspondientes, las acciones necesarias para defender los intereses de la nación”, podrían evitar la pérdida de la empresa con base en los Estados Unidos.
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“Hoy tenemos la obligación de proteger los activos de la República y poner en evidencia todos los actos de corrupción. Que el pueblo sepa que vendieron los activos de los venezolanos a precio de gallina flaca y hoy lo defendemos como lo hacemos con la empresa Citgo”, resaltó Marquina frente al hemiciclo.
Marquina respondió a América Digital que para ese momento, el Parlamento recurrió al “pago bajo protesta”, mediante el cual se determina que el deudor no está conforme con un acuerdo, porque la considera inconstitucional.
“Nosotros en esa misma fecha estábamos aprobando la Ley para la transición y además estaba recién nombrado el Procurador General de la República; por eso, en ese momento, no teníamos la posibilidad física de preparar la defensa de la República y por eso recurrimos a lo que llaman ‘el pago bajo protesta'”
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Aunque en pasado mayo la Asamblea Nacional mencionó que el pago se iba a realizar con el fin de proteger activos venezolanos como Citgo, no se hizo mención de realizar el desembolso con la figura jurídica de “el pago bajo protesta”.
A la tesis de Marquina se apegó en el debate, el diputado Elías Matta justificando que “esa garantía de Citgo, con el 50,1% de las acciones no tiene garantía y menos sin haber pasado por la Asamblea Nacional“.
Finalmente, la junta administradora quedó conformada por Miguel Antonio Soto Quintana, Javier Alejandro Rodríguez Rubio, Javier Ricardo Linares Peña, Guillermo Andrés Benzecry Izaguirre y Luis Eduardo Giusti Lugo.
