Foto: AP
Las manifestaciones en Chile no han dado tregua y ya completan doce días a pesar de que el gobierno del presidente, Sebastián Piñera, anunció reformas en material social y económica y conformó un nuevo gabinete ministerial.
El estallido social, que inició hace más de una semana por el aumento del pasaje del metro, ha ido extendiéndose en el país evidenciando que el origen de las protestas no solo fue por ese incremento sino también por un descontento ciudadano generalizado con la desigualdad que viven los chilenos.
En ese sentido, las calles de Santiago y de otras ciudades se han convertido en un escenario de protestas masivas. Una de ellas culminaron el pasado viernes con más de 1 millón de manifestantes concentrados en la capital chilena, siendo la más grande que se ha registrado en el país.
Las imágenes de los disturbios, enfrentamientos y de las movilizaciones han llenado las páginas de los medios de comunicación, pero lo que ha surgido es la incógnita de por qué los chilenos siguen protestando tras las reformas anunciadas por el Gobierno de Piñera.
Jóvenes, adultos mayores, pobres, clase media, todos los manifestantes han asegurado que lo que los une es la frustración frente al modelo político y económico que ha llevado a Chile a ser un país próspero, pero con un criticado sistema privado de pensiones, con problemas de educación y salud (público y privado) que tienen mejores condiciones para la minoría que puede pagar.
Muchos chilenos han denunciado que tienen que esperar un año o más para lograr una consulta médica con un especialista o han recibido llamadas para agendar citas para familiares que murieron meses atrás.
En materia educativa, los chilenos han asegurado que los créditos para acceder a la educación superior son de difícil acceso y no terminan de pagarlos sino hasta que tienen 40 o 50 años.
En ese sentido, los manifestantes han pedido cambios y mejoras en temas de pensiones, salud y educación, así como unas rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.
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En medio de este escenario el presidente Piñera cambió a ocho ministros de su gobierno en donde designó a dos personas jóvenes provenientes del partido Evolución Política, de centroderecha liberal y conocidos por ser más abiertos al diálogo que sus antecesores.
El mandatario chileno también ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de 11.000 dólares mensuales, rebajas en los precios de los medicamentos y la electricidad.
Además, se comprometió a hacer una disminución de los salarios y asignaciones de los parlamentarios, que oscilan entre los 27.000 y 44.000 dólares al mes.
La situación ya ha sido tan grave, que desde varios sectores políticos, especialmente de la oposición, se ha planteado la posibilidad de realizar una asamblea constituyente que permita hacer los cambios y reformas que la sociedad chilena está reclamando.
En medio de las protestas que ya completan doce días en las calles, el subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, confirmó que se han imputado delitos a 997 personas por los destrozos, incendios, saqueos o enfrentamientos con la fuerza pública.
“El Ministerio del Interior ha presentado un total de 228 querellas, ya sea por seguridad del Estado o por incendios asociados a la destrucción de las estaciones del metro. De las 228 querellas presentadas tenemos un total de 997 imputados, personas con nombres y apellidos que han sido imputadas”, indicó Ubilla.
De acuerdo con el funcionario, hasta el momento 389 personas se encuentran en prisión preventiva tras ser denunciados por los desmanes que se han registrado en los últimos días en el país.
Asimismo, las protestas han dejado 1.406 personas heridas o lesionadas, entre los que se encuentran 876 policías y 530 civiles.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ente público pero independiente que monitorea las protestas, ha revelado que las cifras son considerablemente mayores desde que comenzó el estallido social.
El último balance entregado en la noche de este lunes establecía que habían 3.535 personas detenidas en Chile, 1.132 heridos civiles, de los cuales 595 fueron por disparos (perdigones, balines de goma, disparos de bala o arma no identificada).
Entre los heridos por arma de fuego, 127 personas presentaron heridas oculares y hay casos confirmados de personas que perdieron la visión o directamente el globo ocular.
Las protestas ya han dejado 20 fallecidos, entre ellos seis ciudadanos extranjeros, y al menos cinco de las muertes se produjeron presuntamente por la acción de militares o policías.
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