Un grupo de abogados y exministros brasileños solicitó que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al presidente Jair Bolsonaro, por presuntamente incitar el genocidio de los indígenas y no preservar los bosques y tierras protegidas en las que viven.
El grupo denunció este jueves lo que calificó de “ataques extensos y sistemáticos” contra las tribus indígenas durante el gobierno de Bolsonaro, quien busca promover el desarrollo económico de la Amazonía, con frecuencia a expensas de políticas medioambientales.
El documento que el grupo envió a la corte incluye 33 medidas y comentarios de Bolsonaro, dijo Eloísa Machado de Almeida, profesora de leyes en la universidad Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo, quien presentó los detalles de la petición.
Las acusaciones abarcan desde el abierto apoyo a la minería ilegal a pequeña escala en áreas protegidas, hasta su crítica de algunos funcionarios públicos que trabajan con asuntos indígenas y medioambientales, y los datos que generan.
La oficina de Bolsonaro se negó a comentar
Los expertos dicen que la Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, recibe miles de denuncias similares cada año y la mayoría no concluyen en investigaciones o imputaciones.
La Comisión Arns para la Defensa de los Derechos Humanos, un grupo con sede en Brasil, es coautora de la acusación, la cual fue suscrita además por seis exministros de gabinete de gobiernos previos, así como abogados, filósofos, un periodista y un medioambientalista.
“Si los grupos privados buscan seriamente la investigación, no simplemente llamar la atención de la situación en Brasil, deberán convencer a otros estados en la región a formalmente referir a Brasil a la Corte”, dijo Kevin Jon Heller, profesor asociado de ley internacional en la Universidad de Ámsterdam.
De acuerdo con el experto, esta estrategia fue adoptada, por ejemplo, por algunos estados venezolanos y es más probable que tenga éxito.
Bolsonaro, un excapitán del ejército, ha argumentado que las protecciones ambientales con frecuencia son un obstáculo para el desarrollo económico de Brasil. Su gobierno afirma que trabaja en una nueva ley que regularizaría las actividades mineras a pequeña escala en áreas protegidas.
Los críticos argumentan que los comentarios del presidente fomentan a los invasores de tierra y la tala ilegal.
Los incendios que arrasaron la Amazonía en julio y agosto fueron en su mayoría provocados para despejar la tierra deforestada para el cultivo de soya o pastura. La deforestación en la selva amazónica también está en su mayor nivel en más de una década, según cifras oficiales.
“Es cierto que desde hace siglos hay desafíos ambientales en este país, pero lo que sucede bajo el presidente Bolsonaro es diferente”, argumentó Almeida. “El desmantelamiento de las políticas públicas (de protección ambiental) y el ataque directo contra los pueblos indígenas no existía en gobiernos previos y fue esto lo que nos motivó a hablar sobre la incitación al genocidio”.
