Dos partidos de izquierda en España (PSOE Y Podemos) unieron fuerzas en su intento de formar el primer gobierno de coalición en décadas, anunciando planes de aumentarle los impuestos a los ricos y fortalecer los programas sociales si logran afianzar el poder con el consentimiento de un partido independentista catalán.
Sin embargo, la posible alianza entre el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez y el antiausteridad Unidas Podemos depende en gran medida de la suerte de un encarcelado político catalán, Oriol Junqueras, quien fue vicepresidente de Cataluña hasta 2017.
En una medida que podría allanar el camino para una coalición, la fiscalía española recomendó el lunes que Junqueras, líder del partido catalán ERC, sea puesto en libertad temporalmente para que pueda ocupar su escaño en el Parlamento Europeo.
El ERC cuenta con 13 de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados, y sus votos son cruciales para quebrar un estancamiento político de meses tras dos elecciones indecisas.
Las leyes españolas permiten la formación de un gobierno en base a una coalición minoritaria siempre y cuando en la cámara bajan sean más los votos a favor que los en contra. Pero aun con el apoyo de un pequeño partido vasco nacionalista, Sánchez e Iglesias necesitarían la abstención del ERC.
El ERC ha dicho que tomará una decisión la semana entrante, pero lo más probable es que se vea influido positivamente por la llamada de la fiscalía en cuanto a Junqueras.
La declaración de la fiscalía surgió luego que el Tribunal Europeo reprochó a España al considerar que Junqueras tenía inmunidad parlamentaria al ser elegido al parlamento del bloque en mayo. El Tribunal Supremo de España, que en ese entonces estaba considerando los casaos de Junqueras y de otros catalanes que promovieron un intento secesionista, denegó la solicitud de Junqueras de salir de la cárcel para asumir sus funciones de parlamentario.
Junqueras, de 50 años, fue convicto de sedición y de malversación de fondos en octubre por promover el intento ilegal separatista del 2017 en la próspera región del noreste español que tiene a Barcelona como su capital.
En respuesta a la decisión del Tribunal Europeo, la fiscalía española declaró el lunes que se le debe permitir a Junqueras salir de la cárcel a fin de asumir su escaño. Sin embargo, también dijo que inmediatamente se debe elevar una solicitud al Parlamento Europeo para levantarle la inmunidad para que cumpla su sentencia de 13 años de prisión por haber participado en el intento secesionista de hace dos años.
Se espera que el Tribunal Supremo haga una determinación al respecto en los próximos días.
Otros partidos españoles criticaron a las dos agrupaciones izquierdistas por tener que depender de un separatista encarcelado para formar gobierno.
Pablo Casado, líder del centro-derechista Partido Popular, que durante décadas se alternó en el poder con los socialistas, declaró que Sánchez ha estado gobernando “contra el interés de España” y que “no se puede negociar el Gobierno de España con aquellos que quieren romperla”.
El PP, el ultraderechista Vox y el centroderechista Ciudadanos, que sufrieron reveses en las elecciones del 10 de noviembre, cuentan en total con 150 escaños en el Congreso de los Diputados.
Pero en un indicio de que la crisis política está cediendo, Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciaron los términos de un acuerdo para compartir el poder, un documento de 50 páginas que vislumbra más impuestos para individuos y compañías acaudaladas, planes de modificar la reforma laboral aprobada en el 2012 en medio de la crisis financiera y un aumento del gasto público para causas sociales.
Además, contemplan derogar una ley de seguridad nacional aprobada por un gobierno derechista anterior y un aumento del salario mínimo, que es actualmente de 1.050 euros (1.176 dólares), según el diario español El País que obtuvo copia del documento.
“Pedimos a las demás fuerzas parlamentarias que se sumen al avance y no al bloqueo. Pedimos que se sumen al diálogo y no a la confrontación”, dijo Sánchez tras la firma del acuerdo.
Iglesias, por su parte, dijo que el acuerdo busca “convertir nuestra patria en un referente en Europa” mediante políticas basadas en asistencia social, proteger los derechos de las mujeres y proteger al medio ambiente.
España, dijo, debe ser “un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales más vulnerables, como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas”.
