Panamá evalúa pedir responsabilidades a EE.UU. por invasión en 1989

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que su gobierno estudiará la posibilidad de pedir a Estados Unidos algún tipo de indemnización por la invasión militar que realizó en 1989 en el país para sacar del poder al exdictador, Manuel Antonio Noriega.

“Es un tema que hay que analizar”, dijo Cortizo cuando un periodista le preguntó si el gobierno iba a reclamar a Washington que pida perdón o indemnice a Panamá por la invasión.

El mandatario recordó sin embargo que Panamá tiene “una relación fluida con Estados Unidos”, poco antes de colocar una ofrenda floral en el cementerio Jardín de Paz en Ciudad de Panamá.

Estados Unidos es el principal socio comercial y diplomático de Panamá, donde construyó en 1914 el canal interoceánico que administró hasta que pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

“Eso no hay que analizarlo, porque el día que invadieron Panamá no lo analizaron, simplemente invadieron y no preguntaron si iba a morir tanta gente como murió, hay que exigirlo”, dijo Kathy Liynch, cuyo padre militar murió en la invasión.

Oficialmente hubo unos 500 fallecidos, aunque algunas organizaciones aseguran que fueron miles. Se desconoce el número total de desaparecidos.

“Esta invasión ha dejado una herida en nuestra sociedad, pero ya es hora de que empiece a sanar esa herida. Nadie puede negar la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos”, afirmó Cortizo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló el año pasado a Estados Unidos como responsable por las “violaciones de derechos humanos” y pidió a Washington “reparar integralmente” a las víctimas.

“La mayoría de los caídos no formaba parte del conflicto y de repente por caprichos del destino y decisión de otros se vieron envueltos en ello”, sostuvo el presidente de la comisión gubernamental panameña que investiga la invasión, Juan Planells. “Estamos ante el conflicto más trascendente de nuestra vida republicana”, añadió.

Noriega terminó entregándose al enemigo el 3 de enero de 1990 tras refugiarse en la Nunciatura. Posteriormente estuvo preso por narcotráfico, blanqueo de capitales y desaparición de opositores en Estados Unidos, Francia y Panamá, donde murió en 2017.

“En todo este periodo Estados Unidos ha venido negando bajo cualquier pretexto el tema de las víctimas y sus afectaciones”, señaló Trinidad Ayola, del comité de víctimas de la invasión.

“Nos están diciendo que no mataron a nadie más allá de los que debían morir y por ello se niegan a hacer frente a las afectaciones que produjeron”, añadió.

Zuleika Martínez, que tenía 13 años cuando murió su padre, exige, por su parte, una respuesta al ejecutivo panameño. El gobierno “debe sentarse a analizar nuestros casos porque esperar por Estados Unidos… Llevamos 30 años y no nos han dado todavía respuesta”.

Luis Guadamuz perdió a su padre y a un tío durante la intervención norteamericana. Dice que muchos niños tuvieron que crecer con dificultades económicas y no gozaron de oportunidades para desarrollarse como otros.

Por ello, pide que se le de seguimiento a los distintos casos para que el gobierno pueda ayudarlos a través de distintas políticas sociales.

“Fuimos librados de la dictadura, pero estamos olvidados e ignorados por la democracia. Nuestra vida fue muy difícil sin esos padres, madres, tías, abuelas o hermanos que fueron asesinados y desaparecidos”, dijo.

El gobierno de Panamá declaró hace poco de manera unánime día de duelo nacional el 20 de diciembre, aunque eso no implica que sea un día feriado.