Argentina tendrá que pagar una deuda de $320 millones, según el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 30 de mayo. La cancelación de la deuda se realizará al grupo español Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el 2008.

El juicio por la demanda comenzó el 2014 pero, en fue en 2017 cuando la Procuración actual del Tesoro de la Argentina, pidió la moción de retirar tal sanción a su país. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por este tribunal arbitral del Banco Mundial.

Bajo el mandato de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el senado sancionó la ley de expropiación a dicha aerolínea, dejando una deuda millonaria con Marsans. Como denuncia principal, el Ciadi acusó a la nación sudamericana de “no conceder a los justiciables un trato justo y evitativo”, mientras “expropiaban ilegalmente las inversiones de la cuestión”, según EFE.

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La Procuración notificó al Diario La Nación que esta sanción es “una macana más del pasado”, y compararon esta situación con el juicio existente por YPF. Sin embargo, el Ciadi aplicó tal medida adjudicándole al gobierno argentino un pago a los demandantes de $1.017.512 solo en costos de representación.

Por su parte, la defensa de Argentina reclamó ante el ente que los motivos no fueron fundados y que este es un problema “del pasado” a causa de una “defensa negligente“. La Procuración tiene como último recurso pedir revisión del caso.

Nuevo caso del legado Kirchnerista

El 23 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos. La denuncia tiene base por una carta histórica que, presuntamente, le regaló el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Esta carta fue escrita por el general argentino José de San Martín para el general chileno, Bernardo O’Higgins en 1835. El documento fue encontrado en el allanamiento de la casa de la expresidenta de Argentina, ordenados por el juez Claudio Bonadio en busca de pruebas por corrupción. “(La carta) constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época”, sentenció el juez, según el diario El País.