El informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, que presentará el 5 de julio en Ginebra fue publicado el jueves 4 de forma extraoficial en el que detalla que en el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019, la administración de Nicolás Maduro ha intentado “imponer una hegemonía comunicacional”, provocando la restricción de los medios de comunicación independientes.
Denunció que el Ejecutivo en ese lapso de tiempo ordenó el cierre de medios de comunicación, tanto impresos, radiofónicos y televisivos, al igual que el arresto de profesionales de la comunicación nacionales y extranjeros, estos últimos expulsados o que abandonaron el país después de ser liberados.
Ante la presión del Estado venezolano con los medios de difusión nacional, los venezolanos han tenido que recurrir a los medios digitales como una vía para poderse enterar de lo que está pasando en su país, lo que limita aún más el acceso a la información debido a que no todo el mundo tiene posibilidades de tener conexión a la red, así como también se evidenció que la velocidad de la misma disminuye de forma paulatina por la falta de inversión en la infraestructura.
Aunado a eso, los venezolanos ven limitado su acceso a la información con el bloqueo de portales de noticias y anulación periódica de las redes sociales.
Represión, torturas y demás
Por otro lado, subraya el informe de la Oficina de DDHH de la ONU que se han aplicado leyes y políticas “que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”, lo que a su juicio busca neutralizar y reprimir a las voces disidentes en la nación sudamericana, así como la criminalización de la protesta.
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En ese sentido, dijo que esa situación se incrementó desde 2016 tras la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional, lo que “llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.
Explicó que el estado de excepción decretado por Maduro en 2016 y la puesta en marcha del llamado Plan Zamora, que es un operativo diseñado para la “defensa de la nación”, lo que implica es un aumento de la militarización de las instituciones y además usan a la población en labores de inteligencia a través de mecanismos como los consejos comunales, los CLAP y las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBChs).
También hace referencia al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano al menos desde 2014, en el caso de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Sobre la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), dijo que presuntamente es responsable de ejecuciones extrajudiciales, junto a los efectivos de la Policía Científica, mientras que los servicios de inteligencia como Sebin y Dgcim, tienen responsabilidad en lo concerniente a detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a opositores.
Además los grupos civiles armados, conocidos como colectivos en Venezuela, “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.
En el caso de 2019, la comisión de DDHH de la ONU manifestó que los cuerpos de seguridad del Estado “no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones”, aunque sí resaltó que en algunas protestas tanto la Guardia Nacional, como la PNB y el FAES, junto a policías estatales y municipales, sí practicaron “presuntamente” el uso excesivo de la fuerza para desalentar las protestas en contra de Maduro, actuando junto a los colectivos.
“En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves”, dice el texto.
Como resultado del proceso de esas manifestaciones se registraron detenciones arbitrarias contra la ciudadanía, a lo que el Ejecutivo venezolano ha usado ese mecanismo para “intimidar y reprimir” a la oposición venezolana al menos desde 2014 y según expresa el informe, han logrado documentar información detallada de 135 personas que fueron privadas de libertad de forma arbitraria entre 2014 y 2019, de las cuales 23 fueron arrestadas en 2018 y 8 en 2019.
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“Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones”, con violaciones “graves y repetidas” de la garantía de juicios justos.
Durante sus detenciones, sobre todo con el Sebin y el Dgcim, se detectaron en la mayoría de los casos que los presos fueron sometidos “a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.
También dijo que los centros de reclusión están superpoblados y no cuentan con las condiciones mínimas para la estadía de reos dentro de las instalaciones, donde tampoco tienen acceso a luz, agua, comida, saneamiento. En especial sobre la sede del Sebin en El Helicoide, “no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género” y los custodios pedían a las mujeres reclusas sexo a cambio de “privilegios o protección”.
FAES y la Operación para la Liberación del Pueblo
La oficina de DDHH de la ONU dijo haber documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas humildes por parte de los cuerpos de seguridad, siendo en el caso de las FAES signadas por las llamadas OLP, operativos que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017, para luego ser sustituidas a principios de 2018 con operaciones para presuntamente combatir el narcotráfico y organizaciones criminales.
Los entrevistados por los comisionados de la ONU son familiares de 20 jóvenes muertos a manos de las FAES de junio de 2018 a 2019, en el que describieron que los efectivos llegan con carros negros sin placas, sin identificaciones, vestidos de negro y cubriendo sus rostros.
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Además de allanamientos sin permisología, denunciaron que los efectivos llegan a esos lugares, roban las pertenencias de las personas y ejercen violencia de género contra las mujeres y las niñas, mientras apartan a los hombres jóvenes para ejecutarlos.
También los familiares reportan que las escenas del crimen son manipuladas para justificar sus acciones como plantar armas y droga, así como que disparan al aire y simular un enfrentamiento.
“En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial”.
Manifestaron los funcionarios de la ONU estar preocupados de que las autoridades usen las FAES para “mantener el control social”.
