La Organización de Estados Americanos (OEA) debatió el 17 de julio la situación de DDHH en Venezuela, en donde los representantes de la sociedad civil venezolana denunciaron al Consejo Permanente casos vinculados de las libertades fundamentales, la migración que sale del país y cuáles son sus efectos en Latinoamérica.
Tamara Suju, directora ejecutiva del Casla Institute; el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao; Valentina Ballesta, integrante de Amnistía Internacional y Tamara Taraciuk, miembro de la organización Human Rights Watch, fueron los que presentaron estas denuncias en la plenaria.
Temas como la tortura a los presos políticos con elementos como descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, gases tóxicos, ahogamiento y abuso sexual, haciendo énfasis en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio mientras estaba en custodia de los cuerpos de seguridad del Estado.
Además se dio a conocer que entre enero y mayo de 2019 se registraron 76 fallecimientos por el uso excesivo de la fuerza en Venezuela, según Amnistía Internacional, mientras que desde Human Rights Watch se pidió profundizar en una investigación independiente de lo ocurrido para ayudar a establecer responsabilidades individuales de las torturas, reseñó el diario El Nacional.
El representante de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, dijo que el mandatario Nicolás Maduro tuvo una doble actitud ante el tema del informe de Derechos Humanos de la ONU al comparar la manera de comportarse cuando la alta comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, visitara Venezuela y posteriormente cómo reclamó lo publicado en el dossier.
“El régimen de Nicolás Maduro dijo que Michelle Bachelet dio un paso el falso con respecto al informe presentado. Dijo que se lo redactaron desde Estados Unidos. Luego le escribio una carta acusando que el reporte se alínea con Washington, siguiendo el guión de una supuesta crisis humanitaria y una supuesta dictadura”, dijo Tarre Briceño, al tiempo que señaló que Bachelet se “quitó de su traje socialista”.
Pidió en el seno de la OEA revisar el informe completo emitido por la ONU.
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Luego de eso, ocho países -encabezado por Paraguay– presentó un proyecto de resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, exigir una investigación y pedir el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, explicó AFP.
El proyecto de resolución fue presentado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser considerado por los 34 miembros y busca “condenar, firmemente, las graves y sistemáticas” violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
En el texto presentado por Paraguay -apoyado también por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú- también se plantea pedir “la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos”.
El borrador también plantea “exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas” a Venezuela de la CIDH, un ente independiente de la OEA, que carece de acceso al país desde 2002.
La propuesta llegó a la OEA días después de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un amplio informe en el que acusó a la administración de Maduro de causar 5.287 muertes durante operativos de seguridad durante 2018.
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El nicaragüense Luis Alvarado denunció la presentación del proyecto de resolución como una acción “impropia e ilegal” porque Venezuela “ya no es miembro de la OEA y no tiene representación legal en este Consejo Permanente ni en otro órgano del sistema interamericano”.
Por su parte, la paraguaya Elisa Ruiz dijo que junto a los demás patrocinadores –Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú- planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos, indicó AP.
“La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos difíciles”, señaló Ruiz.
Entretanto Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos, pidió a la comunidad internacional a que no permita más que continúen los abusos contra los ciudadanos y militares que son adversos a Nicolás Maduro, al tiempo que manifestó que existen mecanismos multilaterales para hacer responsable a la actual administración en Venezuela por los abusos cometidos.
De igual forma, instó a Maduro a desmantelar los grupos civiles armados armados.
Tal como lo hiciera durante la Asamblea General que la OEA celebró en junio en Medellín, Colombia, la delegación uruguaya se retiró de la sesión en protesta por la presencia de la delegación opositora venezolana.
Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de resolución.
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