La presa política Adilia Peralta Cerratos (c) abraza a su familia luego de ser liberada y llevada a casa por custodios del Sistema Penitenciario nacional este lunes, en Managua (Nicaragua). El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, excarceló a 100 manifestantes antigubernamentales en un intento por mantener las conversaciones con una alianza opositora que anunció su retiro de la mesa de negociación que mantenía con el Ejecutivo. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en la negociación, tomó esa decisión, entre otras razones, por el "asesinato" del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un prisionero opositor al Gobierno que el jueves pasado falleció al recibir un disparo de un guardia en una cárcel. EFE/ Jorge Torres
Nicaragua excarceló este jueves a un grupo conformado por 50 presos políticos, a los que califica de “terroristas” por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega, en medio de la crisis sociopolítica que afecta al país centroamericano.
El Ministerio nicaragüense de Gobernación informó de que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha cumplido con 50 órdenes “a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”.
Los excarcelados, 49 varones y una mujer, han recibido “el beneficio legal” de convivencia familiar u otras medida cautelares, explicó esa cartera.
Según las autoridades, en el proceso de excarcelación de 50 prisioneros por decisión unilateral del Gobierno participaron como observadores los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Por su lado, el CICR dijo en una declaración que atendiendo una invitación del Gobierno observó el proceso de excarcelación de 50 personas desde el centro de detención ubicado en Tipitapa, 25 kilómetros al norte de Managua.
“Nos alegra que hoy, coincidiendo con el Día de la Madre en Nicaragua, 50 familias están reunidas de nuevo con sus seres queridos”, señaló.
Agregó que en los próximos días los delegados del CICR procederán a llamar a las personas que este jueves 30 de mayo fueron trasladadas a sus hogares para dar seguimiento a sus casos y brindarles orientaciones.
Con la reciente excarcelación, el número de presos políticos enviados a casa pasa de 336 a 386, por lo que todavía permanecen encerrados unos 82 de la lista que reconoce el Gobierno.
Los reos fueron trasladados bajo sigilo de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional hacia sus casas en las primeras horas de la mañana, confirmó a periodistas la abogada Yonarqui Martínez, defensora de decenas de presos políticos.
Las excarcelaciones se dan el Día de las Madres de Nicaragua, cuando se conmemora el primer aniversario de la muerte de 19 jóvenes durante un ataque armado de las fuerzas combinadas del Gobierno hacia una manifestación de apoyo a las mujeres que habían perdido a sus hijos en agresiones similares y en rechazo a Ortega.
En la víspera, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, denunció que una lista de 142 presos políticos divulgada por el Ejecutivo ocultaba a 91 de ellos, ya que el total que reconoce la oposición es de 233.
Otros 336 presos políticos habían sido excarcelados entre fines de febrero e inicios de mayo, según la información oficial.
El Gobierno se comprometió en marzo a dar libertad absoluta a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio próximo.
Según el último reporte del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, unas 730 personas, entre manifestantes y periodistas, están bajo algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, por pensar diferente a Ortega.
El Ejecutivo hasta ahora reconoce 468 reos, a los que califica de “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
Además de los presos políticos, la crisis de Nicaragua, que comenzó con el estallido social contra Ortega el 18 de abril de 2018, ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras varias ONG locales cuentan hasta 594 y el Gobierno reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Con información de EFE.
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