La alta comisionada de los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, presentó el viernes 5 de julio el informe sobre Venezuela en el contexto de los derechos humanos de ese país, debido a que por mandato del organismo multilateral, se ordenó elaborar este documento.
Según la agencia Reuters, Bachelet anunció que la administración de Nicolás Maduro ordenó la liberación de 22 personas, incluidos los casos de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar. Las otras 20 personas son estudiantes.
En el caso de Afiuni, fue detenida en 2009 por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez por darle libertad al banquero Eligio Cedeño y tras varios maltratos recibidos en la cárcel, incluida una violación, además de sufrir de cáncer, se le fue concedido el beneficio de casa por cárcel en 2011. En marzo de 2019 la estaban condenando a cinco años más de prisión.
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Por su parte, Jatar fue detenido en septiembre de 2016 luego de que en su portal, Reporte Confidencial, se publicaran imágenes de la gente protestando contra Maduro cuando se bajó a saludar al poblado de Villa Rosa en el estado Nueva Esparta.
Estuvo nueve meses preso en el Sebin de la entidad y desde entonces, el Gobierno de Chile estuvo mediando por su libertad debido a que Braulio Jatar también tiene esa nacionalidad. Desde 2017 la ONU ha abogado por su excarcelación pero había sido infructuoso. Tras un episodio con su salud, también se le otorgó el beneficio de casa por cárcel.
Durante la presentación de su informe en Ginebra, Bachelet subrayó que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios” y dijo que el destino de las personas que hacen vida en Venezuela “está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”.
En el informe se acusa al Ejecutivo presidido por Maduro de “graves vulneraciones de derechos” y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
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Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó Bachelet.
Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias y en este sentido recordó la reciente muerte del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo cuando se encontraba bajo custodia, un caso que pidió sea investigado de forma imparcial y transparente.
De igual forma calificó la muerte de Acosta Arévalo como “lamentable” y resaltó que existe un “patrón de reportes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias”.
Por otro lado, la también expresidenta chilena indicó que “las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado” y “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida peligro corre peligro de ser castigado con represalias y represión”, al igual que advirtió que las sanciones internacionales agravan la crisis.
“Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”, agregó la Alta Comisionada, de acuerdo a AFP.
También denunció el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.
“La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación”, dijo de acuerdo a la agencia EFE.
Además, denunció que la población gana aproximadamente $7 dólares y “no puede cubrir la canasta de una familia de 5 personas”.
