La muerte del fiscal Alberto Nisman remeció políticamente a la Argentina y, cinco años después, aún divide a la sociedad entre quienes creen que se suicidó y los que aseguran que fue asesinado y sin una resolución judicial.
El reclamo por la resolución de la muerte del investigador del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 _el más grave ocurrido en suelo argentino_, se reavivó con la convocatoria a una manifestación en una plaza de la capital bajo las consignas “Fiscal asesinado en democracia” y “No fue un suicidio, fue un magnicidio” que circulan desde hace días en las redes sociales.
Sus organizadores, entre ellos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), aseguran que el asesinato del investigador se debió a la denuncia que hizo contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como la presunta responsable de un pacto con Irán para proteger a los exfuncionarios iraníes acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.
Habrá otras concentraciones en reclamo de justicia en varias ciudades de Argentina y ante consulados del país en el exterior, como los de Sydney, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Valparaíso, Bogotá, Madrid, Barcelona y Roma.
En tanto, miembros de la extensa comunidad judía argentina lo recordarán en el cementerio judío donde está enterrado, a las afueras de esta capital.
Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su apartamento en Buenos Aires, cuatro días después de presentar su impactante denuncia contra Fernández de Kirchner. El fiscal tenía previsto presentarse al día siguiente en el Congreso para abundar sobre sus acusaciones.
La muerte del fiscal y la pesquisa que se abrió a continuación dividieron a la opinión pública en dos partes que se mantienen irreconciliables.
Muchos que sostienen que Nisman fue asesinado y que el escenario del hecho fue adulterado están confrontados con quienes apuntan que no hay pruebas que demuestren el crimen y creen que el investigador puso fin a su vida frustrado porque no podía sostener su denuncia contra la exmandataria.
El debate se reabrió por la proximidad del aniversario de su muerte y el estreno del documental de Netflix “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”.
En sus seis capítulos se reproducen los testimonios brindados en varias entrevistas realizadas al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, y a investigadores, espías y agentes estadounidenses.
Fernández dudaba entonces que el fiscal se hubiera suicidado. Pero luego de la difusión del documental afirmó que desde que se grabó la entrevista “no apareció una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron y apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología”.
Durante casi tres años la justicia investigó el caso como una muerte dudosa hasta que apuntó al homicidio basándose fundamentalmente en un peritaje de la Gendarmería -la policía de fronteras- que determinó a fines de 2017 que Nisman había sido asesinado por dos personas que lo drogaron para situarlo frente a la bañera y descerrajarle un tiro en la sien derecha simulando un suicidio.
El Ministerio de Justicia anunció recientemente su intención de hacer una revisión “técnica y administrativa” de ese peritaje al sostener que la Gendarmería depende de esa cartera.
En la causa judicial fue imputado Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajaba para Nisman y que fue quien le dio al fiscal una pistola de su propiedad empleada para efectuar el disparo.
Lagomarsino rechaza la acusación como presunto partícipe necesario del asesinato y sostiene que el investigador le había pedido el arma para proteger a sus hijas.
También fueron procesados cuatro ex custodios de Nisman que no habrían protegido al fiscal debidamente el día que fue hallado sobre un charco de sangre. Pero nadie ha sido señalado como autor material del hecho.
Nisman estaba en el ojo del huracán tras denunciar que un acuerdo firmado en 2013 por el gobierno de Fernández de Kirchner e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado de 1994 era en realidad una pantalla para garantizar la impunidad de los acusados.
El pacto fue aprobado por el Parlamento y luego anulado por la justicia. Nunca llegó a entrar en vigor.
Las acusaciones contra Fernández de Kirchner por haber protegido a los iraníes, que niegan los cargos, fueron desestimadas por la justicia en un primer momento, pero la situación se revirtió y está por definirse la fecha en la que la actual vicepresidenta afrontará un juicio oral acusada de encubrimiento.
