La huelga en los ferrocarriles franceses y el transporte metropolitano de París contra la reforma de las pensiones, que empezó el 5 de diciembre, ha comenzado ya a superar registros históricos y amenaza con instaurar un nuevo récord de duración.
Tras 25 días de paro, que se cumplen este domingo, ya se han sobrepasado las 22 jornadas de duración de las movilizaciones en 1995 también contra una reforma de pensiones que en aquella ocasión fue retirada por el entonces primer ministro, el conservador Alain Juppé, precisamente el mentor del actual, Édouard Philippe.
Juppé tuvo que doblegarse entonces ante una opinión pública que se oponía a sus planes de suprimir los regímenes especiales de pensiones bajo la presión de los millones de personas que, como ahora, veían perturbados sus desplazamientos cotidianos.
En la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), hay otros dos movimientos que son también referencia por haberse prolongado más tiempo todavía.
Uno entre diciembre de 1986 y enero de 1987 de 29 días contra cambios en los salarios; y otro en 2018 contra la supresión del estatuto laboral propio de la empresa, que se prolongó durante 36 jornadas, aunque de forma discontinua.
El Gobierno del presidente Emmanuel Macron ha presionado, sin éxito, a los huelguistas para que suspendieran los paros durante las vacaciones de Navidad con el argumento de dar una tregua a los franceses que viajan en estas fechas para reunirse con sus familias.
Sin embargo, tampoco ha mostrado prisa para abrir una nueva ronda de negociaciones. El primer ministro, Édouard Philippe, anunció que esa ronda comenzará el 7 de enero, es decir una vez que hayan finalizado las vacaciones y a dos días de una nueva jornada de manifestaciones nacionales convocada por los sindicatos.
Precisamente, la disputa dialéctica entre el Ejecutivo y la principal central que alienta las protestas, la CGT, ha subido de tono en las últimas horas.
En una entrevista publicada hoy en el semanario “Le Journal Du Dimanche”, el líder de la CGT, Philippe Martinez, acusa al Gobierno de “haber armado este lío”, a lo que el secretario de Estado de Transportes, Jean Baptiste Djebbari -que ha llevado la voz cantante en el seno del Ejecutivo sobre este asunto- le replica en esas mismas páginas que su sindicato “practica el bloqueo y la intimidación”.
La tasa de huelguistas en la SNCF es relativamente baja en términos globales (en torno a un 9 % de una plantilla de unos 140.000 empleados), pero mucho más elevada en el colectivo de los maquinistas (un 42 %), que ocupan puestos clave para que los trenes circulen.
Son cifras, en cualquier caso, significativamente menores que al inicio de la movilización el 5 de diciembre, cuando los maquinistas en paro llegaron a ser un 85,7 %.
La otra pata de la protesta es la entidad del transporte metropolitano de París (RATP) que cada día utilizan millones de personas en la región de la capital y donde las perturbaciones han sido, si cabe, tanto o más importantes con la mayor parte de las líneas de metro completa o parcialmente sin servicio.
La estrategia del Ejecutivo para agotar el movimiento no le ha dado los resultados esperados hasta ahora, pese al llamamiento de los sindicatos reformistas (sobre todo CFDT y UNSA) para que cesaran los paros durante las vacaciones.
La incidencia de la huelga tiene una fuerte repercusión sobre la vida cotidiana de los franceses, toda vez que los servicios mínimos no existen en el transporte público terrestre en Francia.
En 2007, el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy (2007-2012), lanzó una ley que en lugar de poner un límite a los empleados huelguistas, les obliga a declarar su intención de secundarla con 48 horas de antelación para que las empresas puedan organizarse e informar a sus usuarios de los servicios en funcionamiento.
Sí que hay una obligación de servicios mínimos para los controladores aéreos o en otros servicios públicos considerados esenciales, como los hospitales.
