En medio de críticas, escepticismo y un sinfín de denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet llega el miércoles 19 de junio a Caracas.
Fue en septiembre de 2018, cuando la también expresidenta de Chile asumió la dirección de esta dependencia de la ONU bajo la promesa de defender a los más vulnerables y necesitados.
“Sé que las víctimas, que los defensores de los derechos humanos están esperando apoyo de mí y haré mi mayor esfuerzo para estar allí cuando lo necesiten” afirmó el 5 de septiembre en sus primeras declaraciones a la prensa una vez asumió su nuevo cargo.
Desde ese instante, las organizaciones no gubernamentales que atienden la materia en Venezuela exhortaron a la diplomática a venir a suelo venezolano para constatar la “reducción del espacio democrático”, las condiciones de vida del venezolano disminuidas por la precariedad en la prestación de los servicios públicos, el estado de insalubridad en cárceles y hospitales, entre otros temas.
A pesar de su parca postura sobre la crítica situación, fue una resolución del Consejo de Derechos Humanos del 26 de septiembre de 2018 que “empujó” a Bachelet a enfocarse de lleno en el país caribeño.
El texto fue aprobado por holgada mayoría con 23 votos a favor y siete en contra con el cual se declaró la crisis humanitaria en Venezuela, y se instó a la administración de Nicolás Maduro a abrir sus puertas a la asistencia internacional para hacer frente a la escasez de alimentos y medicamentos, al “aumento de la malnutrición” y al “brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”.
A raíz de esta resolución para la nación, el organismo ordenó a la nueva alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación y presentar un informe para 2019.
Un día después, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro que se encontraba en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, invitó a Bachelet a acudir a la nación.
“Cuando quiera ir a Venezuela siempre es bienvenida”, dijo.
A su salida de una reunión con el secretario general del órgano multilateral, Maduro aseguró que se trató de una “muy buena reunión” y destacó que su viaje a la ONU le ha permitido “llevar la verdad de Venezuela” al organismo.
La declaración no tuvo una respuesta pública.
Desde el mismo septiembre de 2018, familiares, allegados, abogados de los presos políticos y hasta pacientes con enfermedades crónicas acudieron en varias oportunidades a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para exigir la visita de Bachelet a territorio venezolano.
No fueron recibidos. Pero en enero de 2019 consignaron una propuesta de agenda que se trabajó durante cuatro meses que incluye visitar lugares que van desde escuelas, sectores populares, cárceles, hasta el Metro de Caracas.
Su reunión con Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, el 27 febrero de 2019 levantó quejas en la oposición venezolana y activistas de Derechos Humanos, quienes esperaban atención de la Alta Comisionada.
Además, el encuentro llegó justo cuando más de 50 países reconocían al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como el presidente encargado, a raíz de las elecciones teñidas de “ilegitimidad” que se realizaron el 20 de mayo de 2018 y que dieron como ganador a Maduro.
Arreaza aprovechó el momento para reiterar la invitación a Bachelet.
En marzo de 2019, una comisión técnica de las Naciones Unidas llegó a Venezuela para recabar información sobre los temas clave y las condiciones actuales ante una posible visita de Bachelet.
Cumplieron agenda en Caracas, Carabobo y Lara, en medio de protestas por familiares en centros de salud que pedían ayuda humanitaria. En muchos de ellos, la administración de Maduro “maquilló” y “acondicionó” salas y quirófanos para recibir a los visitantes. No obstante, el olor a pintura fue percibido por algunos de ellos.
En la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, ubicada en Valencia (Carabobo-centro norte), algunos diputados fueron “atacados” por presuntos grupos civiles armados (Colectivos) cuando estos pretendían conversar con la comisión.
La agenda también contempló una conversación con Arreaza.
“Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes. Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”.
“Me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.
“Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
A pesar del panorama antes expuesto, Michelle Bachelet llegará a Venezuela para cumplir con un cronograma de reuniones que finaliza el viernes 21 de junio.
Aunque poco se conoce de la agenda que cumplirá, está pautado un encuentro con Nicolás Maduro, Juan Guaidó, representantes de organizaciones de la sociedad civil y “víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos”, según informó la ONU.
Tiene previsto también reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, el fiscal general, Tarek William Saab y el defensor del pueblo, Antonio Gutiérrez, además del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
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