La justicia peruana ordenó este martes que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva al acoger una petición de la fiscalía que la acusa por supuestos pagos ilegales a políticos en el marco de las investigaciones de corrupción del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
La líder opositora, de 44 años, fue detenida de inmediato en el tribunal luego de que el juez acogiera los argumentos de la fiscalía y ordenara esta medida privativa de la libertad por un periodo de 15 meses mientras es investigada por cuatro delitos, entre ellos lavado de activos.
“Impongo prisión preventiva por el plazo de 15 meses a la investigada”, declaró el juez Víctor Zúñiga, tras exponer durante 10 horas los argumentos de su decisión, en una audiencia pública a la que Fujimori se sumó en los minutos finales.
El magistrado afirmó que la prisión preventiva cumple con los estándares de proporcionalidad referidos, pues resultara idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta.
Zúñiga dijo que Fujimori estaría involucrada en el delito de lavado de activos cuando fue legisladora y cuando habría intentado ser la más importante funcionaria de la nación, en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Minutos antes de la resolución, Fujimori ingresó a la sala de audiencias acompañada por su esposo, Mark Vito, y esperó a que el juez terminara la lectura del fallo, que inició a primera hora de este martes.
El fiscal José Pérez mostró nuevas pruebas durante las 11 sesiones judiciales previas. Entre ellas, una lista de 53 aportantes falsos a través de quienes Keiko Fujimori habría ocultado el dinero recibido de poderosos empresarios peruanos y de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) estuvo presa 13 meses en una cárcel para mujeres de Lima y fue liberada en noviembre por una decisión del Tribunal Constitucional.
Tras salir de prisión, Keiko, de 42 años, anunció que tomaría una pausa en sus actividades políticas para estar con sus dos hijas y su esposo.
Sus enredos judiciales diluyeron el enorme poder político que alcanzó en 2016, año en que su partido -Fuerza Popular- obtuvo 73 sillas en el Parlamento unicameral de 130 congresistas. Su poder obstruyó la gestión del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, pero la aparición del caso Odebrecht y el trabajo de un grupo de fiscales la fue doblegando.
Keiko Fujimori recibe la decisión judicial con un partido político castigado por los electores en las pasadas elecciones parlamentarias que se desarrollaron en el país.
Precisamente, el Congreso fue disuelto en septiembre por el presidente Martín Vizcarra y en la reciente elección legislativa los cálculos auguran que Fuerza Popular apenas lograría 12 escaños.
La investigación del caso Odebrecht se han convertido en el golpe más fuerte a la clase política que ha gobernado el país sudamericano por casi cuatro décadas.
En el hemisferio occidental Perú es el único país que ha visto cómo sus cuatro últimos presidentes han sido enjuiciados. Un exmandatario está preso en Estados Unidos mientras se tramita su extradición, otro se suicidó antes de ser detenido, un tercero salió de la cárcel y espera un juicio en el que podría recibir hasta 25 años de prisión, mientras que el cuarto se encuentra bajo arresto domiciliario.
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