Elvis Amoroso, contralor de la administración de Nicolás Maduro, anunció este jueves que fueron inhabilitadas al menos 30 personas por haber cometido supuestos actos de corrupción y presunta usurpación de funciones relacionadas con Petróleos de Venezuela y Citgo.
De igual forma, se prohibió enajenar y gravar bienes y el congelamiento de las cuentas junto a otros instrumentos financieros que posean en Venezuela. También se ordenó apertura de una auditoría patrimonial a varias de estas personas señaladas.
*Lea también: Solicitud de visado para Ecuador será por internet y tendrá un costo de $50
Los señalados por la contraloría de Maduro son los que integran la junta directiva ad hoc de Citgo: Simón Antunes, Gustavo Velásquez, Carlos José Balza Guanipa, Ricardo Alfredo Prada, David Smolansky, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Nuñez, Fernando Vera, Elio Tortolero, Andrés Padilla, Ángel Olmeta, Javier Troconis, Luis Urdaneta y Rick Esser.
Junto a ellos, los ciudadanos que integran la Junta Ad hoc de la filial de Pequiven en Colombia, Monómeros: Jon Bilbao, Enrique Torres, Fernando Aceño, Iván Ángel Ivanoff Socorro, Rogelio Lozada, Carmen Elisa Hernández, José Alberto de Antonio, José Ignacio González Álvarez, Yadid Jalaff Reyes, Javier Ricardo Linares Peña, Rafael Primera Nadera, Gustavo Delfino, Freddy Goerke, Jorge Yánez, Maila Oliveros, Mireya Ripanti, Ceimi Dayana Martínes Budez.
Según Amoroso, se llevó a cabo una “investigación profunda” a estas personas que se habrían “enriquecido ilícitamente” a través de las empresas venezolanas en el extranjero, al tiempo que anunció la realización otras pesquisas en las próximas semanas. La inhabilitación sería por 15 años.
Recordó que ante los ojos de la actual administración, la junta directiva de la Asamblea Nacional es “írrita e ilegal”, por lo que cualquier acuerdo suscrito son considerados nulos. Por ende, la designación de esas personas en los puestos directivos carecen de fundamento para el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro.
Hizo un llamado a la Unión Europea para que no “hagan solidaridad sin precedentes” ni “proteger a estos delincuentes”, porque tienen pruebas de su supuesta culpabilidad.
*Lea también: Chile cambió requisitos para visa humanitaria a migrantes venezolanos
Luis Augusto Pacheco, María Elizabeth Lizardo, Enrique Simón Torres, Rogelio Lozada, Carmen Elisa Hernández, José de Antonio y Mireya Ripanti son los que están inhabilitados por 15 años.
Culpó a Carlos Vecchio, representante en EEUU del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de “confabularse” con estas personas para llevar a cabo una “trama de corrupción multimillonaria”. De igual forma, señaló a José Ignacio Hernández, procurador de Guaidó, por estar supuestamente inmiscuido en dicha componenda.
Dijo que la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, los diputados Julio Borges, Germán Ferrer y Tomás Guanipa, junto al ex alcalde Antonio Ledezma, “están sometidos al procedimiento de auditoría patrimonial” y según la versión de Amoroso sobre esas investigaciones, se determinó “ocultamiento y falseamiento” en las declaraciones juradas de patrimonio, por lo que quedaron inhabilitados y tienen prohibición de enajenar y gravar sus bienes.
