Un grupo aproximadamente de 400 jubilados y pensionados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) protagonizaron una manifestación la mañana del lunes 27 de mayo en los alrededores de la sede de la estatal petrolera, ubicada en el sector La Florida de Caracas, con el fin de exigir el pago de sus pensiones atrasadas, que según aseguran, corresponde al menos un pago de $10.000 para cada uno de los extrabajadores.
Denunciaron que en la actualidad, solo se les cancela un sueldo mínimo (Bs 40.000 según el aumento establecido en la Gaceta Oficial el 1° de mayo de 2019). De igual forma, alertaron que entre 30 y 40 jubilados han muerto en los últimos dos meses por inanición y falta de medicinas para atender sus necesidades.
Los manifestantes dijeron que el dinero que se les adeuda, debe provenir del Fondo de Pensiones de estos trabajadores, principalmente constituido por aportes mensuales y voluntarios del 3% del ingreso del personal activo hasta su jubilación y el 25% de su liquidación, junto con el 9% que aportaba la empresa, según señala El Pitazo.
Uno de los que participaron en la manifestación, Cruz Rafael Vargas, dijo que antes los jubilados y pensionados cobraban de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo, pero ahora como cobran sueldo mínimo “solo nos alcanza para comprar un kilo de queso y un cartón de huevos y de ñapa, por el carnet de la patria”.
“Cuando empecé a trabajar en Pequiven, no me pidieron eso. Es una falta de respeto”, expresó.
Por su parte, José Loacha manifestó que Pdvsa está manejando de “forma indebida” el fondo de pensiones de la estatal petrolera y “de forma no transparente”. Además, recalcó que el dinero que estaba destinado a ser cancelado, “fue desviado” para que la empresa pudiera resolver sus “problemas internos”.
Acotó que Pdvsa estaría desviando alrededor de $ 4.000 millones de todos los jubilados de todo el país, dinero que un universo de 29.000 jubilados cuenta para poder “vivir con dignidad” y que aún no se les adeuda.
Expresó que esta situación tuvo como génesis la modificación de los estatutos del fondo de pensiones “de forma inescrupulosa, inconstitucional e ilegal”.
Exhortó al presidente de Pdvsa, Mayor General Manuel Quevedo, a respetar los acuerdos, debido a que en días pasados, el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, habría entrado a una reunión para suspender los pagos a los pensionados.
Según Loacha, Pdvsa reconoce en la actualidad dos deudas: Un pagaré de 2017, aproximadamente $2.500 por persona y el bono Pdvsa 2018. En ese sentido, subrayó que para cada jubilado corresponden $10.000.
“Nosotros no estamos pidiendo regalos ni dádivas, ese dinero es nuestro de hasta 40 años por concepto de ahorro (…) Ellos se apoderaron de fondos de pensiones. Deben cancelar esos dineros mientras hacen auditorías”.
Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo los jubilados proponen hacer una concentración de 1.000 personas, con el objetivo de manifestar su descontento y luego trasladarse, hacia organismos gubernamentales.
Según las últimas estimaciones publicadas el 10 de abril por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo venezolano se desplomó en marzo de 2019 hasta 732.000 barriles por día, lo que compromete aún más la ya golpeada economía del país, contrarrestando con los 3.120.000 millones de barriles diarios que se producían en 1998.
La oposición además ha señalado que el sector petrolero venezolano también se ha visto golpeado por la reducción de la inversión y pérdida de personal calificado.
Los convenios que la administración de Nicolás Maduro con países como Rusia y China, han llevado a Venezuela a destinar la poca producción posible a estas naciones como parte de pago de los préstamos recibidos por Moscú y Pekín.
Además, el tema de las sanciones aplicadas por EEUU sobre Pdvsa como medida de presión para propiciar un cambio de gobierno en el país sudamericano, hace aún más difícil la maniobra económica de aquellos que gerencian la principal compañía de la nación.
Hay que recordar que el primer comprador del crudo venezolano es Estados Unidos, dinero que en la actualidad cae en un fideicomiso que pondrá a disposición del actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero.
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