En el informe de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela el pasado 19, 20 y 21 de junio, se hizo referencia a las violaciones de las garantías que poseen los pueblos indígenas y los venezolanos que han visto forzados a migrar.
En la misiva especifican que los pueblos indígenas enfrentan desafíos a sus derechos colectivos, además de lidiar las mismas afectaciones que sufre la población en general, pero “a menudo” es de manera desproporcionada y diferenciada.
Ante esto, el documento puntualiza que la violación de derechos colectivos se produce en la militarización por parte de agentes del Estado en tierras, territorios y recursos tradicionales para los grupos indígenas porque han provocado que estos pierdan el control de su territorio.
“Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”.
Sobre la disputa territorial, hacen mención a la extracción ilegal de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco en el que la Comisión asegura se están violando los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra por parte de los grupos étnicos.
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Aseveran también que a los grupos indígenas no se les hizo partícipes de estas prácticas en su territorio, lo que viola el derecho a la consulta que poseen.
Por su parte, comenta que la práctica de la minería ha provocado graves daños ambientales y en la salud de quienes se encuentran en el territorio, con un notorio aumento de paludismo y la contaminación que han presentado las vías fluviales.
La Comisión especifica que esto además tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas.
Sur de Venezuela, zona de conflicto
El informe de la Comisión de Derechos Humanos hace referencia al cierre de las fronteras de Venezuela entre el 23 de febrero y el 10 de mayo, que por la crisis humanitaria tuvo consecuencias que catalogan de graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera, como los Wayuu.
El 22 febrero, unos soldados abrieron fuego contra miembros de la comunidad pemón de Kumaracapay, dejando tres indígenas muertos y 12 heridos. De igual forma, el 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hizo un uso excesivo de fuerza contra personas del lugar, entre las que se encontraban indígenas, que se dirigían a la frontera para recibir la ayuda humanitaria.
Durante estos eventos, cuatro soldados fueron retenidos por los pemones, provocando una serie de enfrentamientos que los testigos “describieron (con) ataques y caos que duraron todo el día y parte de la noche” en los que la GNB disparó indiscriminadamente desde tanquetas a corta distancia y se realizaron ataques contra el hospital.
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Estos enfrentamientos, dejaron siete fallecidos (cuatro indígenas y tres no indígenas), 26 heridos por disparos de las fuerzas militares y al menos 63 personas (indígenas y no indígenas) detenidas que fueron objeto de malos tratos.
Ante la falta de medicamentos y suministros, las personas heridas fueron trasladadas a un hospital brasileño ubicado a 200 kilómetros de distancia.
No obstante, la Comisión reiteró en el documento que “le preocupan las declaraciones de personas testigos de las que cabe deducir que puede que fueran matadas muchas más personas. También le preocupan los informes sobre una posible fosa común, lo que amerita una investigación más a fondo”.
Estos hechos obligaron a 966 pemones huir a Brasil, y la mayoría de las personas entrevistadas por la comisión dijeron que no regresarían por miedo a ser perseguidas.
“Los hechos y el posterior desplazamiento han causado un daño irreparable a los/as pemones, quienes han sufrido violaciones de sus derechos individuales y colectivos, que atañen a sus costumbres, su territorio y la libre determinación”.
Ante esto, el informa solicita el cese de toda intimidacion y ataque a los pueblos indigenas de Venezuela, como también cumplir con sus derechos individuales y colectivos, sobre todo en la posesión de tierras que actualmente están siendo vulneradas por la minería.
Venezuela, un país de despedidas
Finalmente, el informe hace referencia al notorio éxodo de venezolanos que se ha suscitado por la crisis económica, política y social que el país atraviesa desde hace varios años, resaltando que para junio 2019, más de 4 millones de personas han dejado el país, la mayoría por tierra, siendo Colombia la nación que acoge a mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, Argentina, Ecuador y el Brasil.
La Comisión aseverá que la migración masiva se debe a que “muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación”.
“Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia”.
Además de resaltar las violaciones de los derechos a la alimentación y la salud como los factores principales, alertan que en el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención prenatal y postnatal, como también la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica.
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“Las personas migrantes pueden encontrarse ya en un estado de salud precario, el cual empeora cuando tienen dificultades para acceder a la salud en los países receptores. Además, independientemente de su condición socioeconómica previa, las personas migrantes se marchan con poquísimo o ningún ahorro”.
Otra de las razones por las que resaltan la huída de venezolanos es por la persecución que se produce por motivos políticos que los obliga a solicitar asilo.
Esto trae como consecuencia, según la Comisión, que los niños y las personas adultas mayores se quedan en el país, siendo los abuelos quienes asumen la carga de cuidados.
Finalmente, el informe hace mención a los cierres de las fronteras y requisitos adicionales para para viajar a los países de tránsito que obligan a las personas migrantes a utilizar puntos de cruce no oficiales y aumentan, por ende, el riesgo de que sean víctimas de abusos.
“Estas violaciones crean situaciones de vulnerabilidad que caracterizan el proceso migratorio en todas sus etapas y que exigen la protección de los derechos humanos”.
Por esta razón, la Comisión pide a la administración de Nicolás Maduro que garantice el acceso de los documentos de identidad para mitigar los riesgos que podría vivir el migrante venezolano al huir del país por la crisis económica, política y social.
