La ONG Fundaredes denunció este lunes que grupos guerrilleros colombianos mantienen una “peligrosa presencia” en al menos 325 escuelas de cinco estados de Venezuela, lo que les ha permitido censar para un eventual proceso de captación a más de 20.000 menores del país suramericano, reportó EFE.
De acuerdo con el último boletín de la ONG, 20.624 estudiantes fueron empadronados por la guerrilla colombiana durante un supuesto programa de entrega de útiles escolares denominado “amigos de la escuela”, que opera en los estados de Táchira, Zulia, Apure (oeste), Bolívar y Amazonas (sur), los primeros cuatro limítrofes con Colombia.
“La crisis económica en Venezuela ha sido aprovechada por estas organizaciones criminales para intentar calar más fácilmente en niños y jóvenes a quienes les ofrecen útiles escolares y regalos, e incluso dinero para convencerlos de que formen parte de sus filas”, indica Fundaredes en su reporte.
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Las escuelas venezolanas, prosigue el reporte, “son utilizadas como centros de adoctrinamiento e ideologización a través de entrega de folletos, charlas y actividades recreativas para los estudiantes”.
En el texto la ONG asegura que en Venezuela actúan diversos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
“Además de grupos paramilitares y bandas criminales con alto poder de fuego vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas”, añade.
El Parlamento venezolano, que controla la oposición, ha denunciado la permisividad del régimen de Nicolás Maduro con los grupos guerrilleros colombianos.
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A finales del pasado mes de julio, Maduro dijo durante el acto de clausura del Foro de Sao Paulo, desarrollado en Caracas, que los líderes guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich eran bienvenidos a Venezuela, al considerarlos hombres de paz.
Pero en agosto Márquez y Santrich aparecieron en un vídeo -que según la oposición venezolana se grabó en Venezuela- anunciando que retomarían las armas ante la supuesta traición del Estado colombiano a lo convenido en los acuerdos de paz firmados en 2016, poniendo fin a la guerrilla más longeva del continente.