Las autoridades colombianas reglamentaron a través de un decreto la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos, la cual por el momento se mantiene suspendida.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicó que el decreto estará vigente durante un mes y contiene “la regulación específica para los mecanismos de seguimiento continuo de los riesgos, evaluación que se hará a través del Instituto Nacional de Salud y de Medio Ambiente”.
A su vez, el comandante de las fuerzas militares y ministro de la Defensa encargado, general Luis Navarro, señaló que este año se incrementó la erradicación manual de cultivos ilícitos en un 54 % con respecto al año anterior.
“En lo relacionado con la lucha abierta contra el narcotráfico que adelanta el gobierno, se erradicaron 92.500 hectáreas de cultivos ilícitos durante este año y hoy continuamos erradicando”, indicó Navarro.
En 2015 el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendió la fumigación aérea con glifosato luego de que así lo exigiera la Corte Constitucional.
Dos años después la misma corte señaló en un fallo que la única forma de reanudar el programa era a través de una investigación científica que de forma concluyente demostrara que el químico no provocaba daños a la salud y el medioambiente.
En marzo, el presidente Iván Duque participó en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para resolver si se volvía a implementar la fumigación con glifosato de la que participaron miembros del gobierno, expresidentes, el Fiscal General de la Nación y dirigentes campesinos.
“El narcotráfico afecta los derechos de millones de colombianos a la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente. Constituye una amenaza al orden constitucional en los territorios y por eso necesitamos de todas las herramientas para combatirlo”, dijo Duque en aquella ocasión en la que defendió el uso del herbicida “con el estricto apego a la precaución”.
Según Duque el narcotráfico representa cerca de 14.000 millones anuales de economía ilegal e implica alianzas con grupos criminales de otros países. En ese sentido ha destacado la creciente presencia en los últimos años de miembros de carteles mexicanos en diferentes ciudades del país.
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