Fundación Aid Live negó envío de dinero a operadores políticos

El caso de supuesta malversación de fondos destinados a ayudar a militares que abandonaron la administración de Nicolás Maduro, y que se encuentran en Cúcuta, Colombia, generó respuesta de la fundación Aid Live, encargada de la organización del concierto Venezuela Aid Live que se llevó a cavo el 22 de febrero.

“Aid Live Foundation aclara que no tiene ningún vínculo con las ayudas represadas en Cúcuta Norte de Santander y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con ningún gobierno”.

El evento contó con la participación de más de 30 artistas latinos quienes convocaron a más de 300.000 asistentes, para “evidenciar la emergencia humanitaria y migratoria” por la que atraviesa la nación andina.

Adicionalmente, se logró recaudar fondos para apoyar proyectos que brinden apoyo y acompañamiento a las comunidades más vulnerables dentro y fuera de Venezuela, antes descritas.

Hasta el 22 de abril se había recolectado, a través de su página web 2.351.812 de dólares.

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En el comunicado emitido a través de Twitter, Aid live explicó que las donaciones cerraron dos meses después del espectáculo en la frontera.

Para recaudar las donaciones se utilizó una plataforma de crowdfunding, que vela y cuida porque el origen de los recursos no provenga de terrorismo o narcotráfico.

“Desde Aid Live Foundation no hemos entregado ni se entregarán recursos a ningún gobierno u organización política. Nuestros recursos sólo serán entregados a través de organizaciones sin ánimo de lucro no gubernamentales”.

En paralelo, se llevó a cabo una verificación de tales fondos y una investigación para dimensionar las necesidades de los migrantes o refugiados venezolanos, y así establecer las áreas prioritarias.

Resalta que todas las donaciones son monetarias, por lo que sí se efectuaron contribuciones como alimentos, medicinas ropa, “estas no tuvieron vinculación alguna directa o indirecta con Aid Live”.

Los planes de Aid Live

Se determinó que los fondos serán invertidos 50% en programas en Venezuela y 50% para atender las necesidades de la población migrante en Colombia.

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“En los próximos días daremos a conocer la información oficial de estos programas y durante el mes siguiente (julio) se aprobarán al menos 8 proyectos más, que serán socializados debidamente”.

Los proyectos a ejecutar durante la primera fase de la organización están siendo enfocados en el desarrollo integral de la infancia, y acceso a servicios básicos para la infancia y promoción del bienestar para las familias migrantes en Colombia.

La primera organización se enfocará en nutrición y uso de agua potable para niños de Villa del Rosario, en Norte de Santander. Del lado venezolano, el enfoque será el acompañamiento y nutrición en primera infancia.

El 17 de junio Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, mostró presuntas pruebas que incriminarían al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 55 países, en el caso de malversación de fondos que estaban destinados para la ayuda humanitaria, como también para costear gastos de militares venezolanos refugiados en Colombia.

Posteriormente, Juan Guaidó ofreció una rueda de prensa para esclarecer ante la opinión pública lo ocurrido con la investigación que se le sigue a Kevin Rojas y Rosana Barrera, quienes fueron apartados de sus cargos en Colombia por presuntamente tomar dineros destinados a asistir a los efectivos militares que se encuentran en Cúcuta para gastos personales.

Guaidó aclaró que el llamado gobierno de transición, administración que lidera, no tiene la potestad de manejar dineros públicos, ya sea el que proviene de las arcas del Estado o por la ayuda humanitaria, y agregó que la asistencia que se le brindó a 140 militares es totalmente separada de los recursos obtenidos -en metálico y en otros insumos- para aliviar la situación en Venezuela.

De esta forma, Guaidó respondió directamente a un reportaje publicado en el portal Panam Post en el que denuncian dicha malversación de fondos en las que estarían implicados los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares.