El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en Twitter que, en aras de realizar una investigación “objetiva” de lo ocurrido con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, se determinó la presunta vinculación de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con este hecho.
Por ello, solicitó la detención del teniente de la Guardia Nacional, Ascanio Antonio Tarascio, y del sargento segundo, también de la Guardia, identificado como Estiben José Zarate, como presuntos responsables del hecho, quienes fueron imputados por el delito de homicidio.
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De igual forma destacó que esto tiene un carácter preliminar y que conforme avance el proceso, habrán pruebas para “obtener los elementos de convicción”.
Tarek010719 – Curated tweets by ADiNoticiasPor su parte, Alonso Medina Roa, abogado que lleva la causa de Acosta Arévalo, rechazó la imputación que hiciera la Fiscalía en contra de los dos efectivos de la Guardia Nacional adscritos al Dgcim que serían responsables de la muerte del capitán de corbeta.
De igual forma, criticó que aún no se le haya entregado el cuerpo del oficial de la Armada a sus familiares.
Sorprendente. El Ministerio Público le imputa el delito de “Homicidio Preterintencional con causal” a los dos detenidos por la muerte del CC Rafael Acosta Arevalo, ignorando los delitos previstos en la Ley Contra la Tortura.
— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) 1 de julio de 2019
#1jul. Parece que no ha sido suficiente el dolor que le han producido a la familia del CC Rafael Acosta Arevalo; a pesar de la insistencia de la familia, a esta hora el Ministerio Público no ha autorizado la entrega del cuerpo en la Morgue a sus familiares.
— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) 1 de julio de 2019
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió un comunicado el 1° de julio en el que manifestó sentirse “preocupada” por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras estaba en custodia de las autoridades venezolanas, cuya causa de muerte sería producto de la tortura recibida por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En ese sentido, exigió que se debe realizar de forma “inmediata” una investigación que sea rápida, exhaustiva, eficaz, imparcial y transparente de su muerte.
