La Fiscalía Nacional de Chile confirmó que ha presentado más de 20.000 imputaciones por diversos delitos desde el inicio del estallido social en el país el pasado 18 de octubre, el cual ya ha dejado al menos 23 fallecidos, cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado.
Sin embargo, la cifra de personas que pasaron por audiencias de control de detención -fase posterior a la detención y previa a la imputación- alcanzó las 30.102, de las cuales 20.217 acabaron siendo formalizadas.
En la fase de control de detención el balance de la Fiscalía, que comprende entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, el balance arrojó un incremento del 11 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
Con relación a las imputaciones o formalizaciones, el porcentaje subió un 61 % más que en los mismos días de 2018.
Del total de personas detenidas y llevadas al control de detención, el 87 % (26.092) fueron apresadas en flagrancia mientras cometían actos ilegales.
“Ello da cuenta de un importante aumento en la carga de trabajo del sistema de justicia penal, ya que se trata de casos que se construyen desde cero y, por tanto, requieren de mayores gestiones de parte de todos los intervinientes, en comparación con los imputados detenidos por órdenes de detención pendientes”, explicó la Fiscalía.
Si se apunta a la localización geográfica de los ilícitos, la mayor cantidad se registraron en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, la de Valparaíso y la del Biobío, a la que pertenece Concepción (sur), tres zonas donde se concentró en casi un mes medio de transcurrida la protesta la mayoría de manifestaciones.
La Fiscalía también informó que entre los detenidos que fueron imputados, 1.957 quedaron en prisión preventiva, 20.525 quedaron con prohibición de desplazamiento a ciertos lugares, de cercanía a víctimas o salida del país.
En lo que respecta al tipo de delito cometido, el robo en lugar no habitado (saqueo) “es el principal delito registrado en este periodo”, explicaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado.
Este tipo de ilícito creció un 183 % desde el comienzo del estallido social en Chile y por el cual 2.493 personas han pasado audiencia de control de detención. Los desórdenes públicos llevaron a esa fase previa a la imputación a 1.934 personas.
La Fiscalía ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron directamente la represión de Carabineros como la situación más preocupante para los derechos humanos durante las protestas.
La crisis social cumplió este viernes seis semanas y no hay visos de una pronta resolución.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias y en las que se reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos gratuitos, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
