El Ministerio Público acusó este miércoles a los funcionarios de la Policía del Táchira Javier Useche Blanco, de 43 años, y Henry José Ramírez Hernández, de 44, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 1° de julio en el estado Táchira en donde el joven de 16 años, Rufo Chacón, perdió sus dos ojos tras recibir perdigonazos en el rostro.
La Fiscalía acusó a Useche Blanco, director de la Brigada de Orden Público de Politáchira, como autor del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica, refirió el portal de la institución.
Por su parte, Ramírez Hernández fue imputado como cooperador inmediato del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio de Chacón, trato cruel contra los muchachos acompañantes de 16 y 14 años, así como de los dos adultos presentes en el lugar.
Rufo Chacón Parada perdió la vista el 1° de julio de 2019 luego de ser impactado por perdigones de funcionarios de la Policía del Estado Táchira (Politáchira) durante una protesta por falta de gas doméstico que se escenificaba en la población de Táriba.
El joven recibió varios impactos de perdigón directamente en el rostro, quedando sin posibilidades de recuperar la vista.
Posteriormente, Adriana Parada, madre de Chacón, clamó “justicia” en relato a la AFP, en un caso condenado por la oposición e investigado por las autoridades.
Para el 4 de julio, el fiscal designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público imputó a los funcionarios de PoliTáchira por estos hechos y un Tribunal en la entidad ordenó que fueran recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente.
La mañana del viernes 19 de julio, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que los dos funcionarios responsables por la pérdida de vista del joven Rufo Chacón se encuentran recluidos en una comandancia de la Policía del Táchira, aunque la nota del Ministerio Público del 20 de agosto refiere que los efectivos están en una comisaría del Cicpc.
El jurista sostiene que no se están cumpliendo las órdenes judiciales en este caso porque el juez dictó que el centro de reclusión al que deben ir los efectivos, que hicieron uso desproporcionado de la fuerza disparando perdigones al rostro de Chacón, es la cárcel de Santa Ana, en el Táchira.
