Diversas ONG, junto a abogados y diputados a la Asamblea Nacional, protagonizaron una protesta en Caracas el 15 de julio en contra la tortura que se registra de varias formas en Venezuela.
La diputada Yajaira Castro de Forero explicó que acudieron a la sede del PNUD en la capital del país para entregar un documento a los comisarios de las Naciones Unidas que la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, dejó en Venezuela tras su visita a mediados de junio.
En la carta, dijo que se le exige que tomen cartas en el asunto respecto a la tortura, al tiempo que piden que se les permita ingresar a los centros de detenciones como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela para ver el estado en el que se encuentran los presos políticos.
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Alertó que existen personas que están en los sótanos de los servicios de inteligencia que tienen “meses” sin ver a sus familiares y que se les han violado constantemente sus derechos humanos, por lo que piden a los comisarios de la ONU que lo que vean en Venezuela “no queden en un informe” y se tomen acciones para subsanar esos casos.
Por su parte, el abogado Alonso Medina Roa, aseguró que actualmente “es el momento en que la sociedad asuma la violación de DDHH y la tortura como una bandera ciudadana, que sean temas que unan a los venezolanos”. En ese sentido, pidió a la ciudadanía reflexionar y enumeró varios casos emblemáticos como el del general Raúl Baduel y el mayor general Miguel Rodríguez Torres, así como hizo hincapié en la situación ocurrida en una cárcel de Lara.
Además recordó lo sucedido con el capitán Rafael Acosta Arévalo y el concejal Fernando Albán, ambos muertos mientras estaban en custodia de los funcionarios de seguridad del Estado.
Dijo que la administración de Nicolás Maduro no existen políticas para “ceder en las torturas” y agregó que la única forma de tener un cambio en Venezuela es la unión de todos los ciudadanos.
Indicó que las diversas ONG han denunciado en reiteradas ocasiones la institucionalización de la tortura y aseveró que no solamente el tema de violación de DDHH tiene que ver con la tortura física que se le infringe a los presos políticos, sino también se ve por el hambre y la falta de medicinas.
La también abogada Lilia Camejo señaló que hasta el momento existen más de 200 militares presos que han sido torturados y “brutalmente golpeados en los cuerpos de seguridad”, lo que debe llevar a que la sociedad esté sensibilizada a lo que ocurre.
Insistió en que la familia militar también vive las mismas carencias que los demás venezolanos y muchos de ellos, que son calificados de institucionales y que se respete la Constitución, “son torturados como en el Dgcim y en el nuevo anexo que hay en Fuerte Tiuna donde está aislado Miguel Rodríguez Torres. Mantiene una huelga de hambre porque no puede ver a sus abogados ni a su familia. Ahí está también el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que tiene dos meses incomunicado sin poder designar su defensa ni el acceso a sus hijas”.
Entretanto, la diputada Delsa Solórzano aseguró que no se debe dejar de hablar ni de denunciar lo que sucede en Venezuela porque “nos jugamos la vida” y hay muchas personas que han sido sometidos a tratos crueles, mientras que sus familiares son amenazados.
Manifestó que no solo se dirigen a la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, sino también al relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas, a la Cruz Roja para que puedan ingresar a los calabozos de la Dgcim y el Sebin para constatar la salud de los presos políticos.
Denunció que las personas presas en la Dgcim tienen visitas limitadas, así como también le han sustraído sus efectos personales. “Hay que ser bien miserables”.
