La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, regresó al poder tras las elecciones del pasado domingo que dieron como ganador a Alberto Fernández, de quien es su fórmula vicepresidencial.
La líder del peronismo regresará a la Casa Rosada con varios procesos judiciales en su contra, lo cual genera cierta incertidumbre sobre el futuro que podrían tener estos casos y cómo impactaría el gobierno que empezará el próximo 10 de diciembre.
La exmandataria recibió este martes un par de noticias frente a los procesos judiciales que se siguen en su contra. Dos de las investigaciones que pesan sobre ella fueron revocadas.
Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dictó falta de mérito contra la hoy vicepresidenta electa por el delito de cohecho pasivo en la concesión de obras viales.
Lo mismo ocurrió con la investigación que se le adelantaba por ser la presunta jefe de una asociación ilícita para la importación de gas natural licuado en el país, pero que sería comprado a un valor por encima del mercado.
Las expertos jurídicos han explicado que la falta de mérito es una decisión judicial que se otorga cuando se carece de pruebas suficientes para una acusación formal, pero esto no implica que el imputado no pueda seguir vinculado a la investigación.
En ese sentido, estas resoluciones surgieron a tres días de que Cristina Fernández venciera en los comicios como vicepresidenta, acompañando a Alberto Fernández, quién será el nuevo mandatario y que anuncia el regreso del peronismo al poder.
Las investigaciones están relacionadas con la llamada “causa de los cuadernos”, presuntos hechos de corrupción que se conocieron en agosto de 2018, después de que aparecieran unas libretas con datos de cómo se transportaban millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.
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Uno de los procesos revocados en favor de Fernández de Kirchner se refería a su presunta participación en la importación de buques con gas natural licuado (GNL), entre 2008 y 2015, con presuntos sobreprecios.
Para el juez Claudio Bonadio, quien llevaba esta investigación contra la expresidenta, los imputados, entre ellos exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y altos exfuncionarios públicos, pusieron en funcionamiento un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin un proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido.
La revocatoria del proceso en favor de la actual senadora, según la Cámara Federal, se dio porque al día de hoy no se cuenta con los elementos suficientes para acreditar la participación de la exmandataria en los eventos investigados.
La segunda investigación revocada a favor de Fernández está relacionada con el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante su mandato.
Según el ente federal, las declaraciones con las que se cuenta son insuficientes para identificar a la vicepresidenta electa “como la encargada de receptar los sobornos advertidos en este concreto período y en este puntual ámbito de la administración pública”.
El alto tribunal confirmó que hay otros procesos en contra de Fernández que siguen su curso, como la investigación que se le adelanta e empresarios y exfuncionarios vinculados a la cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.
Fernández de Kirchner enfrenta desde junio un juicio oral por supuestamente haber encabezado una asociación ilícita que otorgó de forma discrecional obras públicas a un empresario en la provincia de Santa Cruz.
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El juez Claudio Bonadio, que también lleva este proceso, indicó que la finalidad del delito “fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático”.
Si la exmandataria es hallada culpable puede ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión, pero por ser senadora, Fernández de Kirchner goza de inmunidad para ser detenida, beneficio con el que seguirá una vez que asuma la vicepresidencia.
La inmunidad sólo puede ser anulada por disposición de las dos cámaras del Congreso y por dos tercios de los votos.
Cristina Fernández también está investigada por otros delitos, la mayoría de ellos relacionados con corrupción, que aún están en firme.
La vicepresidenta electa siempre ha reiterado que todas las acusaciones en su contra son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial.
