Unos graves disturbios se han presentando en los últimos días en Barcelona (España) tras el fallo del Tribunal Supremo que condenó a la cárcel a varios líderes políticos separatistas de Cataluña, que participaron y lideraron el proceso independentista en 2017 y que fue declarado ilegal por la justicia.
Esta decisión desencadenó marchas y protestas que terminaron en la noche de este martes en una larga batalla campal entre los independentistas y las autoridades, en donde fueron lanzados objetos, bombas aturdidoras y fueron incinerados y destrozados contenedores y vehículos de la Policía.
De acuerdo con las autoridades, estos desmanes dejaron al menos 125 heridos y fueron detenidas 30 personas que participaron activamente en la jornada de vandalismo que se tomó las calles de Barcelona. Se estima que unas 40.000 personas salieron a las calles a mostrar su inconformidad con el fallo contra los independentistas.
Bloqueos de vías, barricadas, piedras y daños a bienes públicos hicieron parte de una jornada que generó un gran caos en las calles de Barcelona, en donde la fuerza policial tuvo que enfrentar con su fuerza a los manifestantes.
No obstante, este miércoles miles de personas partieron desde varias poblaciones catalanas para movilizarse hasta Barcelona en rechazo a las medidas tomadas por el Tribunal Supremo.
El presidente regional, Quim Torrá, se sumó a una de las marchas para estar junto a la gente y aseguró que este tipo de manifestaciones son la mejor respuesta del pueblo catalán.
“Estas marchas pacíficas que suceden a través del país (Cataluña) son la mejor respuesta del pueblo catalán a la sentencia de la corte”, indicó Torrá, un independentista acérrimo y que ha alentado la desobediencia civil.
Toda esta situación se ha generado por el polémico y complejo proceso separatista de Cataluña, en donde se estima que al menos la mitad de sus 7.5 millones de sus habitantes están a favor de la independencia, mientras que la otra mitad se oponen a ese proceso.
La autoridades han explicado que la mayoría de los asistentes a las protestas respondieron a una convocatoria en internet de “Tsunami Democratic”, un grupo que utiliza aplicaciones de mensajería cifradas y las redes sociales para organizar actos de “desobediencia pacífica”.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlask, indicó que las autoridades españolas están investigando a este grupo por este tipo de convocatorias que han terminado en fuertes enfrentamientos con la Policía.
No obstante, se ha identificado que este tipo de grupos no tienen unas cabezas visibles y funcionan a partir de una matriz que es la encargada de elaborar las estrategias y difundir los mensajes en la red, lo cual ha dificultado la identificación de los líderes para que puedan ser juzgados y condenados.
De hecho, las redes sociales como Twitter y Telegram han sido sus principales vías de comunicación y entre ambas ya suman más de 400.000 seguidores, en donde han resumido su actuar por los “derechos, libertad y autodeterminación” buscando promover acciones de “desobediencia civil” desde una perspectiva “no violenta”.
En ese sentido, este grupo ha sido uno de los artífices de las protestas que comenzaron el pasado lunes luego de que el Tribunal Supremo español anunciara su fallo contra los 12 líderes independentistas.
Nueve de los 12 políticos y activistas fueron condenados por sedición y recibieron condenas de 9 y 13 años de prisión. Además, cuatro fueron condenados por malversación de fondos públicos y otros tres fueron multados por desobediencia.
Este fallo ha sido el origen de las protestas de los últimos días, las cuales hicieron de las calles de Barcelona un campo de batalla y en donde miles de personas intentaron paralizar el aeropuerto de la ciudad, haciendo que varios vuelos fueron cancelados y el transporte al aeropuerto quedara cortado durante varias horas mientras la Policía se enfrentaba con los manifestantes en la terminal aérea.
El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, no descartó “ningún escenario” de acción en Cataluña tras una reunión con los líderes de la oposición. Además, condenó los actos vandálicos que han ocurrido en los últimos días.
“Firme y rotunda condena a la violencia que busca romper la convivencia en Cataluña. Hoy me reuniré con los dirigentes del PP, Cs y UP para transmitirles la determinación del Gobierno de garantizar la seguridad, con firmeza, proporcionalidad y unidad”, indicó Sánchez en su cuenta de Twitter.
Sánchez también tiene previsto reunirse durante con los líderes de los otros dos grandes partidos a nivel nacional: Albert Rivera (Liberal Ciudadanos) y Pablo Iglesias, de la coalición izquierdista (Unidas Podemos).
Esta posición del presidente se la habría manifestado al líder del mayor partido de la oposición, Pablo Casado (Partido Popular, PP), dentro de la reunión de urgencia que convocó este miércoles por la segunda noche de disturbios violentos en Barcelona.
Por su parte, el conservador Casado aseguró, al salir de la reunión, que le pidió a Sánchez aplicar la ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 y que ofrece al Gobierno “autoridad funcional” para dirigir las acciones que procedan “en materia de seguridad y orden público” ante una situación de interés para la nación.
Asimismo, también le solicitó dar los pasos previos y si es necesario emplear el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana.
En medio de este complejo escenario, Sánchez busca retomar el control de la situación tras la segunda noche consecutiva de violencia en Barcelona que se ha desencadenado por la sentencia del Tribunal Supremo y que promete que las personas sigan en las calles.
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