El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia a su cargo como jefe del ente investigador, luego de conocerse la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición del exjefe de las Farc, ‘Jesús Santrich’.
Su renuncia se habría provocado luego de que este tribunal de justicia transicional le pidiera al ente investigador dejar en libertad a Santrich porque las pruebas no permitieron establecer su conducta y la fecha en la que habría cometido los delitos de narcotráfico, por el cual fue solicitado por Estados Unidos en extradición.
“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, indicó Martínez.
Ver más: JEP niega la extradición de ‘Jesús Santrich’ a los EE.UU. y pide su libertad
De acuerdo con el fiscal, en Colombia se viene presentando “un estado de cosas antijurídicas” que atenta contra el estado de derecho y está exponiendo a la sociedad frente al crimen.
“En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas”, resaltó Martínez.
En ese sentido, aseguró que las facultades de investigación de la Fiscalía frente a los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron “emasculadas”, lo cual abrió una puerta falsa para restringir la extradición. Además, indicó que la decisión de la JEP destruye la “muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico”.
“El día de hoy la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía; hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia”, dijo.
Finalmente, el jefe del ente investigador invitó a la ciudadanía a movilizarse para “el restablecimiento de la
legalidad y la defensa de la paz”, en un marco de justicia que genere confianza en el país, especialmente para las víctimas del conflicto y no para unos pocos.
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