El Gobierno estadounidense anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país.
La medida facilita el rechazo a las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green cards” (“tarjetas verdes”), o de algunos visados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer una versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
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La normativa, que será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles 14 de agosto, entrará en vigor 60 días después de su publicación.
Así, Estados Unidos podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la administración. Es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir.
De comprobarse tal dependencia, el Estado cancelaría su estatus de inmigración. Por lo tanto, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación.
Grupos defensores de los inmigrantes han argumentado que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, de acuerdo a la agencia EFE.
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Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.
Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El gobierno estadounidense ya había propuesto en septiembre del año pasado un reglamento para que se negara la residencia permanente a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de ayuda de vivienda.
Se espera que la regulación anunciada enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse o descartarse, si la Justicia estadounidense así lo considera.
En las últimas semanas, el Ejecutivo ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Mississippi.
