Duque reconoció la amenaza de los carteles mexicanos del narcotráfico en Colombia

Iván Duque, presidente de Colombia. Foto: EFE.

El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció que el país está enfrentando en su territorio a carteles extranjeros del narcotráfico, como el de Sinaloa de México, los cuales están empleando a francotiradores para evitar la erradicación de los cultivos ilegales.

“La mayor amenaza a la seguridad nacional es el narcotráfico”, resaltó el mandatario en una entrevista publicada este martes por el diario El Tiempo.

En ese sentido, denunció que incluso “hay lugares del territorio donde hay carteles de la droga de otros países que tienen francotiradores a sueldo y sembrados de minas antipersona para evitar la labor de erradicación”.

“El Cartel de Sinaloa lleva muchos años en nuestro país con vínculos con grupos armados ilegales”, enfatizó Duque.

Después de cuatro décadas de lucha sostenida contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, pese a los esfuerzos combinados con Estados Unidos, el principal consumidor de esa droga, para eliminar ese fenómeno.

Según Duque, el narcotráfico “destruye ecosistemas, amenaza y asesina líderes sociales, distorsiona economías locales y tiene un poder corruptor frente a muchas autoridades administrativas”.

Desde su llegada al poder en agosto de 2018, el jefe de Estado arreció el combate contra las drogas mediante la sustitución y erradicación manual de cultivos, y planea reactivar este año las fumigaciones aéreas con herbicida.

La Corte Constitucional decidió en junio de 2019 que el gobierno podía regresar a las fumigaciones aéreas de narcocultivos, que fueron suspendidas en 2015, siempre y cuando se minimicen sus efectos adversos contra el medioambiente y las poblaciones.

En 2018 Colombia tenía 169.000 hectáreas de hoja de coca sembradas y era el responsable de 70 % de la cocaína, droga que es un derivado de esa planta, que circula en el mundo.

El gobierno señala al narcotráfico como responsable de la espiral de violencia que envuelve a líderes sociales o activistas de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC.

Desde que se firmó la paz con las FARC, en noviembre de 2016, han sido asesinados 303 dirigentes sociales y 173 rebeldes que depusieron las armas, según Naciones Unidas, que da seguimiento a los acuerdos de paz.

Antes del gobierno, expertos ya habían advertido sobre la llegada a Colombia de emisarios de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Según esos analistas, la presencia de estas organizaciones en el territorio colombiano busca asegurar el flujo de cocaína a Estados Unidos, ante la salida de las FARC, que por años impusieron las reglas para el cultivo y producción de cocaína.