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Duque anuncia 26 medidas para proteger a excombatientes de FARC

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este jueves 27 de junio un listado de medidas nuevas para proteger a los excombatientes de las FARC, entre ellas la creación de un cuerpo élite para investigar amenazas contra ellos y un centro de información liderado por el Ministerio de Defensa parar prevenir crímenes, reportó EFE.

Las 26 medidas “las tomamos porque en serio, en serio, hemos asumido la tarea de que la reincorporación sea exitosa”, dijo el jefe de Estado en una declaración en el municipio Bello, vecino de Medellín (noroeste).

Según el partido FARC, cuerpo político en el que se transformó la antigua guerrilla, son 135 los excombatientes asesinados desde que firmaron la paz, en noviembre de 2016.

En varias oportunidades el líder del partido, Rodrigo Londoño, le ha reclamado al Gobierno por la “pasividad” frente a “la oleada sistemática de muertes” de sus militantes.

“Se pondrá en operación el Centro Integrado de Información y Coordinación liderado por el Ministerio de Defensa para evaluar amenazas y las condiciones de seguridad donde se han presentado estos hechos o donde tengamos situaciones de riesgo”, explicó Duque.

Detalló que se dará especial atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Para proteger a los desmovilizados de las FARC, el gobernante colombiano dijo que se creará un “cuerpo élite de la Policía” que tendrá “dedicación exclusiva” para investigar las amenazas contra los exguerrilleros.

Igualmente, Duque aseguró que se van a destinar a 25 expertos de la Policía que investigarán hechos criminales que hayan ocurrido desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Otra de las medidas anunciadas por el presidente Duque es la próxima expedición de un decreto para “el control de riesgo de seguridad” que le permita a las autoridades “actuar oportunamente”.

Según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz.

Ver más: Colombia rechazó crítica de la ONU sobre asesinatos de exguerrilleros de las Farc

También la Defensoría del Pueblo ha indicado que son 431 los casos registrados en ese periodo, mientras que para la ONG Somos Defensores el número asciende a 341 líderes y defensores de derechos humanos muertos, 25 de los cuales perdieron la vida solo en el primer trimestre de este año.

Sobre la situación y el número de excombatientes, Duque dijo que 13.058 “hicieron parte de la dejación de armas” y que de ellas 11.922 “están en proceso de reincorporación”

De esas 11.922 personas, 3.291 han optado por estar en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que se reunieron para dejar las armas, y 8.631 están ubicados “por su cuenta” en varios sitios del país con el debido acompañamiento del Estado, explicó Duque.

Según la Fiscalía colombiana, los principales causantes de esos asesinatos son las disidencias de las FARC, el Clan de Golfo, y pequeñas organizaciones dedicadas al narcotráfico a diferente escala.

Según Duque, en la gran mayoría de los casos de asesinatos de excombatientes de las FARC no se tenía registro de solicitud de esquemas de seguridad.

“Esta situación de ninguna manera queremos que se siga presentando”, concluyó Duque quien insistió en que “este Gobierno tiene la prioridad de que el proceso de reincorporación sea exitoso”.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció el pasado sábado que el asesinato de exguerrilleros constituye “una clara violación” del acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano y pidió ayuda internacional para poder participar con garantías en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.

“Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos”, señalaron en una declaración.

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