En medio de intensas protestas, denuncias por violaciones a los derechos humanos, fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, la idea de construir una nueva Constitución ha venido tomando fuerza con el objetivo de reemplazar la carta heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Para algunos analistas, la actual constitución chilena, aprobada en 1980, por su espíritu neoliberal y origen dictatorial, es un impedimento para modificar de fondo lo que el pueblo chileno viene exigiendo en las calles. La Constitución chilena ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas.
La Constitución original cedió al Estado un rol eminentemente subsidiario y favoreció la entrada de la iniciativa privada en temas esenciales como la salud, la educación o las pensiones.
Aunque el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le dio reversa a las decisiones que originaron las primeras protestas y ha mostrado intensión de diálogo para darle fin a la convulsión social de los últimos días en el país, las voces que piden una nueva Constitución han sonado con fuerza.
Esta iniciativa está apoyada por la oposición política y se le están sumando algunos sectores oficialistas, tras las manifestaciones que suman varias semanas y ya han dejado al menos veinte muertos.
El abogado Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, considera que discutir y elaborar un nuevo texto legal no es la solución a todos los problemas de la sociedad chilena, aunque asegura que es necesario hacerlo porque la Carta Magna actual es “una parte muy importante” del descontento que se respira en las calles.
Obstáculos
El abogado constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Javier Couso, explicó que la exigencia de un número elevado de mayorías parlamentarias para poder reformar la constitución o otros aspectos institucionales son una camisa de fuerza que impiden cambios de fondo en las peticiones de los chilenos.
Estos “quórums” exigen el apoyo de cuatro séptimas partes del Parlamento y el respaldo necesario de parlamentarios conservadores.
“Cambiar esas leyes se hace extremadamente difícil porque requiere el concurso de los herederos políticos de la dictadura”, explicó Couso.
El experto también indicó que en el caso de que las reformas superen las difíciles mayorías, se encuentran con otra barrera: el Tribunal Constitucional (TC), una entidad que, según Couso, realiza una interpretación extremadamente conservadora del texto legal para tumbar cambios de fondo.
“Cuando se logran pasar los quórums, el TC encuentra en la Constitución principios que son bastante opinables que se traducen en declaraciones de inconstitucionalidad”, indicó Couso.
Esto pasó, por ejemplo, con los proyectos del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), con los que intentó incorporar un pilar solidario en los fondos que van al sistema privado de salud o cuando se quiso fortalecer a los sindicatos.
Oposición del Gobierno Piñera a los cambios
Aunque el debate sobre una nueva constitución en Chile no es tema nuevo, y la presión social es asfixiante, no parece fácil que Sebastián Piñera acceda a realizar una nueva Carta Magna.
Javier Couso cree que el mandatario chileno buscará algunas reformas y pondrá “mucho dinero” sobre la mesa, pero evitará aceptar una nueva Constitución porque ese es un punto “irrenunciable” para su sector político.
“Piñera no quiere pasar a la historia como el presidente que entregó la joya de la corona, que es la Constitución que protege el modelo neoliberal chileno”, explicó el constitucionalista.
Por su parte, Bassa también ve muy complicado que un Gobierno conservador, como el de Piñera, impulse estos cambios, aunque subraya que la élite empresarial ha tomado nota de los últimos acontecimientos y ha entendido que “ningún modelo de sociedad puede garantizar desarrollo económico si no hay estabilidad social”.
Alternativas para una nueva Constitución
La expresidenta de Chile Michelle Bachelet, días antes de finalizar su segundo mandato (marzo de 2018) le envió al Parlamento un proyecto en el que trazaba un itinerario para redactar una nueva constitución.
Este proyecto contemplaba varias alternativas para la creación de una nueva constitución, como la convocatoria de una asamblea constituyente, una comisión parlamentaria o un modelo mixto de congresistas y representantes de la sociedad civil.
Expertos aseguran que el proyecto de Bachelet es un buen punto de partida para llevar adelante dichos cambios, aunque Bassa considera que la asamblea constituyente es la mejor opción, por su amplia representatividad.
“Convoca a actores sociales distintos y podría ser el espacio institucional necesario para que aquellas voces que han sido postergadas durante los últimos 30 años, puedan tener un espacio de manifestación política”, señala el experto constitucionalista.
Por su parte, Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile (UC) y que ha sido asesora del oficialismo, cree que una nueva constitución no es un prioridad social para el pueblo chileno.
“La discusión se va a los mecanismos, crear una asamblea constituyente, se discute mucho de las formas para hacer ese cambio pero no se discute qué es lo que se quiere cambiar”, indicó Hube.
América Digital/EFE
