Luego de las más recientes sanciones, ¿sigue siendo factible un programa de petróleo por alimentos para Venezuela?

El economista jefe de Torino Economics, Francisco Rodríguez, aseguró que aún con las sanciones impuestas por la administración Trump el pasado 5 de agosto es factible la implementación de un programa de “Petróleo por Alimentos” en Venezuela.

“No hay nada en estas últimas decisiones que sea contradictorio con un programa de este tipo. De hecho, esta última Orden Ejecutiva deja la puerta abierta para las importaciones de alimentos, medicinas y vestidos necesaria para eliminar el sufrimiento humano”, aseveró en entrevista con América Digital.

Rodríguez, que presentó la  propuesta ante una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos a finales del pasado mes de julio, explicó que es necesario alinear las excepciones permitidas en las sanciones para crear así un mecanismo que permita implementar el programa.

“Se tiene que permitir una excepción humanitaria en las sanciones del 27 de enero (contra Pdvsa), que vaya de mano con la excepción humanitaria de las sanciones del 5 de agosto y que permita que la industria petrolera venezolana le venda petróleo a Estados Unidos, con la condición de que los recursos derivados de esas ventas sean depositados en cuentas especiales manejadas por organismos internacionales que sean destinados a la compra de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales para la población”.

El economista apuntó que la caída de las exportaciones petroleras traen de la mano una reducción de las importaciones que, este año, puede llegar a 60%. El régimen de Maduro podría realizar importaciones de alimentos por el orden de 1.000-1.500 millones de dólares, muy por debajo de lo necesario para un país con unos 25 millones de habitantes. Por ello, considera que el monopolio de la distribución por vías como los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) se puede consolidar -aún más- como una herramienta de control.

“A mi me parece muy claro que esta propuesta permite quitarle al gobierno el monopolio de la distribución de alimentos, que la da muchísimo poder político a Maduro (…) y sustituirlo por un mecanismo despolitizado, administrado por la ONU, distribuido a través de organizaciones no gubernamentales con un récord probado en materia de Derechos Humanos. Hay mucha gente que cree que si la economía se deteriora y si hay una hambruna eso va a sacar a Maduro. El problema con ese razonamiento es que a medida de que los países se hacen más pobres, los gobiernos autoritarios no ven su poder disminuir, lo ven aumentar”.

Sin embargo, voceros de la oposición no ven viable el programa. La diputada por Voluntad Popular, Manuela Bolívar, declaró a Reuters que la iniciativa “no garantizaría que la gente reciba alimentos porque existe una estructura con incentivos a la corrupción”. De igual manera, un oficial de la administración Trump recalcó que la experiencia en Iraq estuvo plagada por una “enorme corrupción”.

“En el caso de Irak hubo un informe muy detallado (…) que elaboró una serie de recomendaciones muy específicas para evitar esos incentivos”, respondió Rodríguez, quien es partidario de una completa reeestructuración para aplicar la iniciativa en Venezuela.